Un pueblo en el banquillo

Vecinos por Torrelodones, el partido que en un hecho sorprendente logró echar al Partido Popular del Ayuntamiento en un lugar de Madrid donde los populares suelen ganar sin despeinarse, incluye en sus presupuestos anuales una partida fija para un abogado defensor. No se trata de un capricho.

El concepto de judicialización de la política adquiere otra dimensión en este pueblo partido en dos por la A-6, a 29 kilómetros de Madrid. En los siete años que lleva al frente del Gobierno local, la agrupación que surgió de un movimiento vecinal para frenar un pelotazo urbanístico, ha recibido ocho demandas o querellas, más de una por año.

Dos de ella siguen su curso judicial —se presentaron en abril y noviembre de este año— pero las seis más antiguas han sido archivadas. La última, una querella por prevaricación y malversación de fondos públicos por la compra de un edificio destinado a albergar una biblioteca.

La imputación por este caso de la alcaldesa, Elena Biurrun, tuvo repercusión. Su archivo, no tanto. “Entrar en política tiene un coste grande, también en lo personal. Estos ataques judiciales tienen la intención de desgastarte. Con el tiempo me he ido acostumbrando a lidiar con ello pero es una carga”, cuenta Biurrun en su despacho.

Ahora ostenta el poder en este edificio de piedra pero hace 13 años comenzó a acercarse a él como una vecina quejosa. Biurrun, entonces socia de una empresa de publicidad, se presentaba cada martes y cada jueves, durante tres meses, solicitando información a Urbanismo sobre el vertido de un colector en un arroyo cercano a su casa. No se la dieron. Se organizó con otros vecinos (ingenieros, abogados, biólogos, comunicadores), hasta crear una asociación. Como agrupación lograron enterarse de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde el comienzo de la democracia, planeaba construir un campo de golf, viviendas y un centro comercial en un espacio natural. Llevaron su batalla contra ese proyecto a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas.

Hicieron mucho ruido. Se reunieron con ministros, salieron en programas de televisión como Caiga Quien Caiga, los entrevistaron Ana Rosa Quintana y Concha García Campoy. Faltaba que los recibiera el Papa en Roma. En lugar de buscar la bendición, tomaron el camino contrario y se constituyeron en partido político. Era la primera vez que se iba a dar el encontronazo entre los vecinos de toda la vida de Torrelodones, representados en los partidos tradicionales en el esquema político común, y los habitantes de las nuevas urbanizaciones que se construyeron al calor del boom urbanístico. Oriundos contra colonos.

Colonos y oriundos

El problema para los oriundos es que los colonos son muchos más. El pueblo pasó de 4.000 a 23.500 en pocos años. Vecinos por Torrelodones —mucho antes del surgimiento de Podemos o Ciudadanos— supo venderse como algo novedoso, diferente, que iba a acabar con las estructuras caciquiles y anquilosadas que gobernaban el Ayuntamiento, herederas del franquismo. El cerebro de la campaña fue Ángel Guirao, director general de la agencia de publicidad Contrapunto.

Vecinos sonaba a reunión de amiguetes pero tiraba con cañones. Contaba con el respaldo de personajes públicos como José Luis Cano, de Gomaespuma. En sus primeras elecciones, 2007, obtuvo 4 concejales; lideró la oposición y en 2011 gobernó en minoría. En 2015 ganó las elecciones de calle.

Resultó una rareza en el noroeste de Madrid, un bastión del PP. Torrelodones presenta las mismas características que Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo y Boadilla: ciudades con las rentas más altas de España, tasas bajas de paro, donde los ayuntamientos tienen superávit y bajan impuestos. Brotan colegios y universidades privados, ondea la bandera de España en rotondas y balcones. Lugares donde el Partido Popular gana fácil pese a escándalos como la Gürtel. Un modo de vida de casa con jardín, dos coches y trabajo en Madrid. Ciudades sin tradición obrera e industrial, desarrolladas a partir de una población joven sin vida colectiva ni arraigo en el lugar.

Vecinos pagó el precio de romper esa homogeneidad. El ataque judicial arreció desde el principio. El promotor del campo de golf denunció en 2009 a Biurrun en una estrategia para inhabilitar su voto en el pleno y sacar adelante el proyecto. Le acusaba de haber invadido con su casa los mismos terrenos protegidos donde pretendía construir. La causa se archivó 13 meses después pero durante ese tiempo la acusación —sin fundamento— relatada en pequeños periódicos, sufragados por promotores, se buzoneó por todo Torrelodones. “La ecologista invasora”, la llamaban. Biurrun mandó a sus hijos a un colegio fuera del municipio.

La Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, declaró inviable el proyecto. Frenaron el pelotazo. Fue un éxito mayúsculo. Ahora les tocaba gobernar a ellos. Y el golpe les vino por la izquierda. El PSOE local se querelló en 2012 contra la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, Santiago Fernández, por el corte de arbolado en una promoción nueva. La causa se sobreseyó. Vecinos interpretó ese movimiento como una pataleta de los socialistas, que ahora ocupaban un espacio aún más irrelevante del que siempre habían tenido: los pocos “rojos” del pueblo, idealistas, protestones, pero que nunca iban a cuestionar la autoridad.

“Creía que teníamos base. Entendí que se vulneraba la ley de protección del suelo. No fuimos a los juzgados para hacer oposición”, hace memoria Ignacio Bidart, entonces portavoz socialista.

Injurias y calumnias

Las siguientes tres demandas a las que tuvieron que enfrentarse fueron por prevaricación, injurias y calumnias, amenazas y coacciones. Tenían que ver con Biurrun y Fernández. Las tres acabaron en la papelera después de días de argumentar en contra, intentar explicarle a los vecinos que no habían cometido ninguna ilegalidad e ir y venir a los juzgados con el abogado, que a esas alturas el tesorero del partido veía ya como un gasto inevitable.

Parte de ese presupuesto lo gastan en hacer frente a Serapio Calvo, el primer alcalde elegido democráticamente en Torrelodones. Su choque con Vecinos representa esa tensión entre oriundos y colonos. Calvo cree que estos profesionales liberales y modernos vienen a dar lecciones al pueblo, que se creen mejores y les puede la soberbia. Los otros, que los vecinos de siempre estaban acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo sin que nadie les importunara y no llevan bien las injerencias de foráneos.

Calvo, un señor de 70 años con gorra de marinero, fue quien se querelló contra el Ayuntamiento por no haber elegido su casa como sede de la biblioteca municipal, un precioso chalé construido en piedra. El exalcalde, que impulsó la construcción de un colegio cuando no había ninguno y una casa de cultura, entre otras infraestructuras, no quiere que el edificio sea demolido cuando él ya no esté y concursó con la esperanza de ser elegido. En realidad pierde dinero: el terreno vale más vendido a constructoras pero él está empeñado en dejar algo para la posteridad. No ganó el concurso y puso el asunto en manos de la justicia por deficiencias en la adjudicación. No le han dado la razón. Su hija, Carmen Calvo, abogada en ejercicio, dice que recurrirán el archivo.

Además, Calvo llevó al Defensor del Pueblo los gastos de agua que el Ayuntamiento le debe desde hace once años por dos locales de uno de sus edificios que cedió a la municipalidad. La alcaldesa y Calvo se enredaron en disputas, alegaciones, dimes y diretes, por una factura que ronda los 1.500 euros. Uno quiere cobrar y el otro dice que no tiene su número de cuenta. Serapio ha obtenido pequeñas victorias: logró la peatonalización de una calle que movilizó a los vecinos en contra de la decisión del Ayuntamiento.

Al margen de cuitas vecinales, el verdadero juego sucio político quedó en evidencia en septiembre. La Cadena Ser difundió el intento de chantaje de un concejal del Partido Popular, Ángel Viñas, a la alcaldesa Elena Biurrun y al concejal de Urbanismo Santiago Fernández. En un desayuno, les dijo que no enviaría al Tribunal de Cuentas un informe sobre los supuestos sobrecostes de unas obras si no se presentaban en las elecciones municipales de 2019. “Lo que queremos es la silla en la que estás sentada”, se le oye decir dirigiéndose a Biurrun. Viñas dimitió poco después de que se hiciera público el audio.

Mientras tanto, Vecinos sigue a lo suyo. Gobernar una ciudad, cumplir el programa, defenderse legalmente. Todavía tiene dos pleitos abiertos: un asunto menor por la adjudicación de las máquinas de vending y el informe en el Tribunal de Cuentas por el sobrecoste en un túnel bajo la A-6 con el que el PP pretendió chantajear a la alcaldesa. Es la historia que no cesa. Por suerte, el tesorero del partido apartó dinero para el abogado, que a este paso va a hacerse de oro.