Las empresas de motos y bicis rechazan que Colau limite las licencias

Las calles de Barcelona han visto cómo en los últimos años ha entrado un nuevo protagonista: las bicicletas y motos eléctricas y compartidas que se usan mediante una aplicación móvil. Siete empresas, que también ofrecen su producto en otras ciudades, se han aliado en la plataforma Smart Mobility para fomentar el uso de este transporte y para presionar al Ayuntamiento de Barcelona. Este jueves se votará en el pleno del Consistorio la aprobación de una tasa por ocupación pública de 71 euros al año por moto y bici. Los operadores han asegurado que no están en contra de la tasa, pero sí de limitar el crecimiento de las empresas mediante un sistema de licencias, como planea el gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Ahora mismo hay 1.500 bicis y 2.400 motos en la capital catalana. El ejecutivo municipal pretende otorgar licencias hasta un tope de 2.500 bicis y 3.500 motos.

En la presentación este jueves de la plataforma Smart Mobility estaban presentes representantes de las siete empresas implicadas: Donkey Republic y Mobike, que operan con bicicletas compartidas en Barcelona; Scoot, que tiene bicis y motos; Cooltra y Yego, que gestiona motos en la ciudad; y Moovo y Coup, empresas que están presentes en Madrid y no en Barcelona. La portavoz de la asociación, Anna Merino, ha destacado que la asociación nace en Barcelona, pero que tiene vocación de estar presente en todas las ciudades españolas. “El objetivo es crear un sector que tiene mucho recorrido y que está transformando la movilidad urbana”, ha dicho.

“Queremos que el Ayuntamiento de Barcelona se crea este modelo de movilidad del futuro, y esto no se puede hacer si no se cuenta con operadores privados”, ha afirmado Merino. En este sentido, la asociación se ha mostrado dispuesta a colaborar con las instituciones, pero ha pedido que las políticas públicas sean consensuadas “para no matar el modelo desde el inicio”. “Estamos totalmente alineados con las políticas que busca el Ayuntamiento para fomentar un modelo de movilidad compartida”, ha recordado Merino.

La preocupación en el sector surge de la iniciativa del Ayuntamiento para regular la movilidad compartida. La propuesta del Consistorio, que entrará en el pleno esta semana, va en dos direcciones. La primera, una tasa por ocupación del espacio público, de 71 euros, para evitar que se produzca el desembarco de miles de vehículos, como en otras ciudades. Más adelante, la idea es aprobar un reglamento que contemple un sistema de licencias con un máximo permitido de bicicletas y motos, que se aprobaría mediante un decreto. Es en la cuestión de las licencias donde las empresas se muestran inquietas. “Teniendo en cuenta que el mercado es muy grande y el sector no está maduro, si nos ponen una tasa y un límite de licencias nos están matando el modelo”, ha dicho la portavoz.

La asociación propone que, en el caso de la tasa, se establezca un periodo de gracia de cinco años, en los que se fijen bonificaciones. A cambio, las empresas se comprometen a compartir la información de sus aplicaciones como los recorridos que siguen los vehículos, a crear un código de buen uso y a consensuar un protocolo de actuación con la guardia urbana. Merino ha recordado que solo en Toulouse se está planteando la aprobación de una tasa.

En cuanto a las licencias, la asociación destaca que ninguna ciudad ha impulsado un sistema similar, y pide que la regulación no contemple un tope máximo o que sea más alto, sin especificar cuál sería la cifra adecuada para los operadores. Merino, que trabajó en la Autoridad Catalana de la Competencia, confía en que esta institución se pronuncie contra la limitación de las licencias. Además, la asociación recuerda que, aunque el sistema de subasta de licencias “es muy bueno”, en este caso ya hay empresas operando, con lo que debería buscarse otro sistema para otorgar las autorizaciones.