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Milagros y prodigios de la Generalitat

Excepto para aquellos que se ponen una venda en los ojos, no hay duda que estamos en el comienzo de una nueva etapa del ‘procés’

Francesc de Carreras
El Govern aplaude el discurso de Puigdemont en la presentación del Consell per la República.
El Govern aplaude el discurso de Puigdemont en la presentación del Consell per la República.A. Dalmau (Efe)

El martes pasado tuvo lugar en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat el acto de presentación de una curiosa entidad privada, radicada en Bélgica, denominada “Consell per la República”, cuyos presidente y director son, respectivamente, Carles Puigdemont y Toni Comín, expresidente y exconsejero de la Generalitat, ambos acusados de cometer graves delitos y en situación de prófugos de la justicia.

Al acto, revestido de la máxima formalidad protocolaria, asistieron el presidente de la Generalitat Quim Torra, su vicepresidente Pere Aragonès, los demás miembros del Govern, el president del Parlament Roger Torrent encabezando a parte de la Mesa, el expresidente Artur Mas y los máximos dirigentes de las formaciones que integran el Govern, así como los dirigentes de las entidades separatistas. En definitiva, el independentismo estaba representado en pleno. Como es de rigor, la ceremonia fue retrasmitida por TV3.

Desde Bélgica intervino por videoconferencia Carles Puigdemont, al que todos los asistentes, puestos en pie, recibieron con un largo aplauso. Explicó que el objetivo del Consell era “aplicar el mandato del 1-O” y “avanzar por la vía de los hechos” (es decir, no por la vía del Derecho) para “llegar ahí donde el Govern y el Parlament no pueden” (porque la Constitución y las leyes lo impiden), añadiendo que dicho Consell actuaría como una “palanca para caminar hacia la independencia” (es decir, hacia el supuesto mandato del 1-O).

Ahora bien, precisó Puigdemont, la nueva entidad se inscribirá como asociación en Bélgica y su financiación será privada. Esta condición jurídica le permitirá actuar “con las manos libres”, “sin los corsés ni amenazas del Estado español, porque a nosotros no nos podrán aplicar ningún 155”. Quedó claro que, en todo caso, este Consell estará relacionado con el Parlament mediante “líneas estables y regulares de coordinación” y trabajará conjuntamente con la sociedad civil.

Excepto para aquellos que se ponen una venda en los ojos porque les interesa dar sensación de normalidad, no hay duda que estamos en el comienzo de una nueva etapa del procés y que, si la autoridad no lo impide, estarán representados en el Consell cargos electos, cientos de asociaciones y simples ciudadanos, a los efectos de establecer un sistema de “doble poder” y, por tanto, una dualidad de legitimidades, vieja estrategia subversiva, en este caso contra una democracia, no contra una dictadura.

El término “golpe de Estado” aparece de nuevo en el vocabulario político español. La “marcha sobre Roma” de Mussolini en 1922 o las semanas posteriores al acceso de Hitler a la cancillería de Berlín en 1933, fueron golpes de Estado sin intervención de los ejércitos y sin necesidad de violencia física. Pero se destruyeron dos democracias y se pusieron los cimientos de dos dictaduras: esta es la realidad, pónganle el nombre que quieran.

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¿Estamos indefensos los que aceptamos la legalidad democrática y sólo a partir de ella podemos aceptar el cambio de las reglas constitucionales? ¿Qué se puede hacer ante una estrategia tan imaginativa? El domingo pasado, el prestigioso catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado publicó en La Vanguardia un agudo artículo (El protagonismo de los jueces) en el que, refiriéndose al caso catalán, resaltaba las dificultades para resolver casos evidentemente antijurídicos cuyos supuestos de hecho no estaban contemplados específicamente en las leyes.

¿Quién podía suponer que se llegaría a una situación en la cual un prófugo de la justicia, desde un país extranjero, podría dirigir la Generalitat presidida formalmente por un vicario suyo? La letra de la ley no contempla tal supuesto porque el legislador ni siquiera había imaginado una situación tan rocambolesca y anormal. Sin embargo, los poderes públicos —en especial, el Gobierno y la Fiscalía— no pueden permanecer inermes ante tan evidente fraude de ley y, añadiría, fraude también democracia. Ni tampoco los jueces, por ley, pueden dejar de emitir un fallo en una sentencia razonada en términos jurídicos

Ciertamente, la imaginación de Puigdemont alcanza grados inimaginables, quizás es finalmente la “imaginación al poder” del mayo del 68. Valle Inclán bautizó la corrupta época de Isabel II como “La Corte de los milagros”, Eduardo Mendoza la violenta Barcelona de hace un siglo como “La ciudad de los prodigios”. Es de esperar que un novelista actual o futuro escriba un libro al que ponga por título “La Generalitat de los milagros y los prodigios”. Desde luego, hay tema.

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