La Xunta, condenada a anular una plaza creada para la cuñada de la secretaria de Igualdade

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la adjudicación de una plaza de docente creada a la medida de la cuñada de la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, en la Escuela de Restauración de Bens Culturais de Galicia. La anulación por el alto tribunal gallego confirma todas las acusaciones realizadas durante años por el sindicato nacionalista CIG que lleva años alertando de que se pretendía incorporar irregularmente a una lista de interinos a la cuñada de la alto cargo de la Xunta, una funcionaria de carrera en Asturias y la única persona en España que pidió una plaza de una especialidad que no existía. Y la consiguió.

El sindicato destaca que la sentencia del TSXG tilda de “torcida actuación” del Gobierno gallego, el intento de “integrar” a esta persona en la función pública de Galicia creando una plaza de Conservación y restauración de documento gráfico, una especialidad que no se imparte en esta comunidad y que no era necesaria en el centro. El TSXG señala que contra este fallo puede interponerse recurso ante el Tribunal Supremo. No obstante, la CIG ha exigido la "inmediata ejecución de la sentencia" y ha reiterado su demanda de asumir una política de “total transparencia en la gestión de las plazas que se ofertan en los diferentes concursos”.

La docente enchufada queda sin destino. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo insistió en la creación y adjudicación de ese puesto a la cuñada de López Abella pese a la advertencia del sindicato. “La Consellería de Educación justificó la oferta de la vacante basándose en que al haber materias comunes podían ser impartidas por cualquier profesor de las especialidades de estudios superiores de restauración”, explicó la CIG en su momento denunciando que el departamento presidido por Román Rodríguez no había tenido en cuenta que, al no impartirse esa especialidad, no era necesario el perfil de la cuñada de la alto cargo y que, además, había profesorado en el centro con la doble especialidad que reunía los requisitos.

El sindicato denunció entonces que la “obstinación” del Ejecutivo gallego por sacar una vacante innecesaria de manera irregular e ilegal” ocultaba el deseo de “beneficiar a una docente con nombre y apellidos”. La CIG responsabilizó al conselleiro de Educación y al propio Feijóo por “no poner impedimento en saltar la legalidad y actuar con nepotismo para favorecer y enchufar a familiares de su gobierno”. Lejos de recular, el Ejecutivo gallego se mantuvo en sus trece mientras los representantes sindicales acudían a la Valedora do Pobo para intentar paralizar la irregularidad. Ante la falta de respuestas de la Xunta al sindicato y a la Valedora, la denuncia acabó en los tribunales.

En su defensa, el Gobierno gallego presentó en el juicio un informe de la Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, en el que se afirmaba, sostiene el sindicato, que “la incorporación de docentes de especialidades distintas… podría reportar beneficios para una mejor formación del alumnado a través del conocimiento de todas las especialidades”. La CIG valora positivamente que la sentencia “critique duramente el ocultismo y la falta de transparencia da Consellería de Educación” que negó información y respuestas en todo momento.