La fiscalía no te lo afina

Los Presupuestos son siempre un momento cumbre en la vida política de cualquier sociedad moderna. En esta ocasión, el PSOE maneja un borrador que ha pactado, al menos en parte, con Podemos. Destacan por ser unos presupuestos con un compromiso en la mejora de aquellas políticas públicas que se vieron fuertemente afectadas por los recortes. Ahora bien, son unas cuentas envueltas en una complejidad especialmente política, aunque no solo, como ha señalado Emma Cerviño en Agenda Pública recientemente que, para ser aprobadas, deben superar todavía no pocos escollos.

El escenario político en España no está para muchos acuerdos transversales. Varios escenarios electorales abiertos (incluido el de la Unión Europea que afronta unas elecciones decisivas para su futuro), una derecha en el Congreso (y en el Senado) que se bate en dureza, unos partidos independentistas que exigen compromisos humanamente comprensibles, pero jurídicamente imposibles para el Gobierno, y un PSOE, con un Podemos, que se necesitan él uno al otro y el gesto en forma de voto (o abstención) de algún otro partido.

El Gobierno nombra al Fiscal General pero no implica una una subordinación política de toda la fiscalía al Ejecutivo

El tema de la derecha, de la pugna entre el PP y Ciudadanos, se complica porque, según Metroscopia, VOX podría entrar también a repartirse los votos de este sector ideológico, captando a aquellos que creen que la formación azul y la naranja son blandas con respecto a Cataluña y que, además, rechazan la corrupción del PP.

En la esfera independentista la cosa es muy complicada porque sobrevuelan las cabezas de estas formaciones y de las de sus seguidores una serie de palabras funestas: traición, frustración y desencanto. Cada una de ellas son, en realidad, conceptos con una carga simbólica que a nadie escapa y que inciden en el poder que las formaciones implicadas, ERC y PDeCAT, puedan mantener en Cataluña y en Madrid. Ambos partidos, con formas más o menos beligerantes con el Gobierno de Sánchez, exigen que este incida en el futuro inmediato de los políticos presos. Es cierto que existen otras medidas igualmente apropiadas para asegurar la celebración del juicio, menos lesivas de los derechos fundamentales; sin embargo, esta exigencia tiene difícil gestión porque puede suponer una quiebra al Estado de Derecho constitucional.

El Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, por mandato constitucional, pero ello no debe entenderse como una subordinación política de toda la fiscalía al Ejecutivo; de hecho, no puede ser cesado salvo en las causas tasadas por la Ley. Además, la Constitución también establece que el papel del Ministerio Fiscal es, entre otras, “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. En el ejercicio de su función la fiscalía debe actuar de conformidad a criterios jurídicos, ya que, de otra forma, difícilmente podría cumplir con las funciones que le son encomendadas.

Cabe decir que el Ministerio Fiscal depende orgánicamente del Ejecutivo pero que debe actuar de forma autónoma, ajena a criterios de oportunidad política, y en cumplimiento estricto de la ley y del interés general. Por esta razón escandalizaban las palabras que el exministro Fernández Díaz le dirigía al jefe antifraude de Cataluña afirmando que “esto la Fiscalía te lo afina”. Igualmente perturbadoras para la credibilidad de esta institución fueron los intentos continuados del ministro Catalá de controlar a la Fiscalía, cuestión por la que fue reprobado por el Congreso, junto al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y al Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Las tres reprobaciones fueron apoyadas, por cierto, por ERC y PDeCAT.

Los ultimátums y los intercambios imposibles no debieron ser nunca motores de la hoja de ruta

Esta breve contextualización sirve para recordar que el adecuado estado del mundo judicial pasa por que la fiscalía actúe de forma autónoma y guíe sus actuaciones solo por la interpretación y aplicación de la legalidad vigente. Por eso resulta difícil asumir las peticiones de los grupos independentistas de que el Gobierno influya en la decisión de los fiscales ante el Tribunal Supremo cuando, acertadamente, se ha exigido al PP que no utilizara a esta institución constitucional en su propio provecho. Se echa en falta, también, cierto espíritu de autocrítica en el independentismo institucional que asuma que el referéndum, y menos sobre la independencia, no es viable actualmente. La unilateralidad ha quedado superada y debe trabajarse por recuperar la credibilidad de estas fuerzas como interlocutoras políticas. Los ultimátums y los intercambios imposibles no debieron ser nunca motores de la hoja de ruta.