El Parlament se resiste a acatar el auto de Llarena

El Parlament se ha resistido este martes a acatar la literalidad del auto del juez Pablo Llarena que suspendió temporalmente a seis diputados procesados por rebelión. La Mesa acordó que sea la Comisión del Estatuto del Diputado la que elabore un dictamen para desbloquear la situación y que se eleve al Pleno. Roger Torrent, presidente del Parlament, afirmó que el acuerdo con Junts per Catalunya, que no detalló, se basa en que los diputados no pierdan el acta, que las mayorías no se alteren y se preserve la autonomía del Pleno.

En una comparecencia en el Parlament, Torrent dijo que la Mesa había materializado un “acuerdo político” sobre un auto “injusto” que solo pretende “manipular” el mandato del 21-D. “No vamos a renunciar nunca a esas mayorías”, dijo. La lista la forman Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sànchez. Todos están presos salvo el expresident, huido en Bélgica. El auto instaba a la Mesa a sustituirlos provisionalmente para no cambiar las mayorías (70 diputados independentistas sobre 135).

El Pleno del Parlament está bloqueado desde julio por la discrepancia entre ERC y Junts per Catalunya, que exigía blindar a Puigdemont porque no está en prisión. Torrent no aclaró cómo se articulará el mecanismo salvo que afecta por igual a los seis diputados y que el dictamen de la comisión se elevará al Pleno que el martes acoge el Debate de Política General. Los dos políticos deslizaron la pista de que el consenso se acoge al artículo 25 del reglamento de la Cámara, que fija que solo el Pleno —y obviamente no Llarena— tras un dictamen, es el que puede suspender a un diputado si el procesamiento es firme, hay condena o está preso.

El misterio ha rodeado el alcance del pacto porque no se sabe si busca una fórmula intermedia: conservar la soberanía de la Cámara sin injerencias judiciales y buscar una solución para que los diputados mantengan el acta y sus votos lo asuman sus compañeros como sugirieron los letrados. Y sin poner en riesgo, además, a Torrent que si desacata la orden del juez podría incurrir en desobediencia. Fuentes jurídicas sostienen, no obstante que, si la fórmula acordada por la Mesa implicara finalmente la delegación de voto de los diputados suspendidos, “no se estaría dando cumplimiento al mandato del Supremo”, porque esos parlamentarios “estarían disponiendo de una cualidad [el derecho a voto] de la que ahora ya carecen”, informa Reyes Rincón.

Las hipótesis son tantas que la oposición hizo lecturas opuestas. María Sirvent (CUP) avisó que “de forma clara y meridiana” votarán en contra de la suspensión. Elisenda Alamany, de los comunes, celebró que pueda desbloquear el Parlament si no se alteren las mayorías, se garanticen los derechos políticos de los afectados y no se pone en riesgo la institución. Pero José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, acusó a la Mesa de incurrir en un delito de desobediencia por trasladar el tema a la comisión y no descartó la vía penal. Y Ferran Pedret, del PSC, vio una puerta medio abierta para dar con una solución. "Le hemos dado muchas vueltas pero a esa medida ya podrían haber llegado en julio", dijo.

José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, vicepresidente del Parlament, ha mostrado una posición opuesta. "Se ha cometido un delito de desobediencia", afirmó en alusión a Torrent por haber permitido que el debate se traslade a la Comisión del Diputado cuando el juez apuntó que era la Mesa quien debía resolverlo. "Torrent sigue los pasos de Carme Forcadell. El sigue la misma estrategia. Han dicho que han llegado a un acuerdo político. Vamos a presentar una solicitud de reconsideración. Si se desestima, nos planteamos ir a la vía penal por el posible delito de desobediencia", ha dicho.

En el auto de procesamiento del pasado 9 de julio, Llarena procesó a seis diputados por rebelión y, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, les suspendió automáticamente de sus funciones. El reglamento del Parlament establece que los diputados solo pierden el acta con sentencia firme pero el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que el procesado que ostente una función o cargo público verá automáticamente suspendido mientras dure la situación de prisión. Este supuesto se applica a quienes estén procesados y en prisión por un delito cometido por “persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”.