Las aguas residuales de Pozuelo llegan al Congreso

A veces huele a podrido. A estiércol. A basura. Las palabras que emplean los vecinos de Húmera (Pozuelo de Alarcón) convierten en olores los contaminantes que ha detectado la confederación hidrográfica del Tajo en el agua vertida por una depuradora que da servicio a más de 30.000 vecinos: fósforo y nitrógeno. El sinuoso trayecto que recorren por Madrid esos elementos tiene una doble desembocadura. Primero llegaron hasta el Arroyo Antequina, que atraviesa la Casa de Campo para fundirse con el Manzanares. Y luego, al Congreso, donde Mariano Pérez-Hickman, exconcejal del Ayuntamiento, acaba de reemplazar como representante del PP a Soraya Sáenz de Santamaría. Esta semana está citado para declarar como investigado por un presunto delito contra el medio ambiente, al igual que un total de diez integrantes y exintegrantes del gobierno local.

"No he jugado ningún papel en esta historia", afirma Pérez-Hickman, que al ser diputado acaba de convertirse en aforado, lo que debería frenar en el último momento su paso por el juzgado número uno de la localidad madrileña. "No tengo ninguna responsabilidad", insiste el exconcejal y exprimer teniente de alcalde. "Jamás he tenido las competencias de medio ambiente. Ni en esa época, ni desde 1991, cuando entré en el Ayuntamiento. Desconozco totalmente cuál es la actuación que se ha hecho sobre la depuradora. Jamás se me ha informado de eso", prosigue. "Voy a ir al juzgado, y si puedo declarar, porque así lo decide la magistrada, lo voy a hacer, porque no tengo nada que ocultar y lo que quiero es que esto se termine ya y que me archiven las actuaciones", añade.

Todo arranca en 1979. A 100 metros de la plaza del pueblo, en el barrio de Húmera, se construye una depuradora de aguas residuales para el filtrado de 25 metros cúbicos y el uso exclusivo de los 40 chalets de la urbanización Vereda de los Pinos. Según crece la población empiezan a acumularse los problemas, traducidos en diez sanciones al Ayuntamiento, que ha pagado por ellas 56.412 euros. Los episodios de malos olores arrancan en septiembre de 2016, repuntan en diciembre de ese año y vuelven en marzo y junio de 2017, según el relato del consistorio. Desde entonces, aseguran desde el Ayuntamiento, no se repiten. Sin embargo, el relato de los vecinos es bien distinto.

"Huele a huevo podrido", describe Petra Herbetz. La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) está situada en la calle Fuente, 1. A diez metros de distancia de la casa más cercana. En este chalet vive esta alemana, que se vino a vivir a Pozuelo hace dos años. Cuando compró la casa, sus antiguos dueños le aseguraron que no había ningún problema en el vecindario. Apenas se mudó, los malos olores de la depuradora invadieron sus días. Herbertz dice que el hedor es insoportable. "El año pasado tuvimos una gran crisis y decidimos fundar una asociación con algunos vecinos para buscar que el Ayuntamiento nos diera una solución", resume.

"Es como vivir debajo de una alcantarilla. Más allá de los problemas que les pueda provocar a los vecinos, es aún más preocupante el estado del agua contaminada que está cayendo sobre el arroyo Antequina", dice Javier Caballero, el presidente de la asociación Afectados Depuradora Pozuelo, que fue quien inició las acciones judiciales. "El arroyo se secó, haciendo que el agua que pasa por la Casa de Campo sea exclusivamente agua contaminada de Pozuelo".

En el informe de diligencias previas, al que ha tenido acceso este diario, la Guardia Civil se hace eco de la documentación remitida por la confederación hidrográfica del Tajo, que observa que en el arroyo Antequina se superan los valores máximos autorizados de fósforo y nitrógeno. ¿Su origen? "Los vertidos de aguas residuales realizados por el EDAR de Húmera", según informan los investigadores al juez.

"Hay que recordar que en junio de 2017 se aprobó un suplemento de crédito de tres millones y medio de euros para el arreglo de la infraestructura y que ya dijimos entonces y repito ahora que este Gobierno invertirá el dinero y el esfuerzo que sea necesario", explica a través de su gabinete de comunicación la alcaldesa Susana Pérez Quislant (PP), que ha impulsado un plan para hacer analíticas periódicas del agua. "En construir una depuradora nueva se tarda alrededor de ocho años, y en tanto en cuanto eso se produce, el Ayuntamiento continúa trabajando por atajar y tener controlado el problema", añade. "Se trata de un tema medioambiental que en absoluto tiene que ver con corrupción y como tal debe de ser tratado y valorado", subraya sobre un problema que afecta a un municipio que estuvo en el epicentro del caso Gürtel, por el que ha sido condenado su exalcalde, Jesús Sepúlveda.

Por los vertidos de la depuradora declararán esta semana todos los concejales que desde 2005 tuvieron responsabilidades de gestión, además de a todos sus tenientes de alcalde, lo que incluye a Pérez-Hickman y Pérez Quislant. "En todo caso es por un presunto delito de omisión", precisan desde el Ayuntamiento.

"La situación es insostenible: una depuradora obsoleta que ha estado funcionando durante años sin autorización y que ha vertido aguas altamente contaminadas a la Casa de Campo", denuncia Pablo G. Perpiñá, el portavoz de Somos Pozuelo, que está personado en la causa. "Hay diez cargos públicos del PP imputados y ni una sola dimisión. Es insólito".

La tarde cae sobre Pozuelo y los vecinos vuelven del trabajo. Marisol, una vecina, camina por el barrio. El año pasado se tuvo que marchar varios meses de su residencia, porque el olor era insoportable. "Es como si el estiércol se apoderara de las casas", dice.