El PSOE insiste en que Madrid multe a los clientes de prostitución

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid presentó una propuesta de ordenanza municipal contra la prostitución que arranca ahora su trámite en una comisión mixta. El PSOE defiende un enfoque abolicionista que erradique esta actividad de las calles sancionando a los consumidores con hasta 3.000 euros. El debate, como en el ámbito nacional, está polarizado entre los partidos, que se escudan en un enfoque competencial al abordar la iniciativa.

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El PSOE presentó el borrador de ordenanza el pasado mes de mayo. El partido asegura que su propuesta se centra en la protección de las mujeres que practican la prostitución y en la aplicación de sanciones a los clientes y proxenetas. El texto promueve también el control de locales comerciales donde exista indicio de esta actividad y de la publicidad que fomente el pago por sexo. “Es una iniciativa muy avanzada que dice no a la esclavitud”, afirma Purificación Causapié. La portavoz municipal del PSOE describe la ordenanza como “una propuesta de futuro y de un modelo de sociedad y de país”.

Ahora Madrid ha presentado una serie de enmiendas que para el PSOE anulan todo el documento. Fuentes de la Concejalía de Políticas de Género y Diversidad que encabeza Celia Mayer aseguran que el Ayuntamiento “tiene muy clara la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres”. Añaden, sin embargo, que determinadas sanciones y controles que plantean los socialistas se escapan de las competencias municipales y, por tanto, como institución, no entran en un debate más a fondo. Aunque en principio, añaden, no son favorables a las multas porque según algunos expertos empujan a las mujeres desde la calle a ámbitos privados donde son más vulnerables.

Beatriz Elorriaga, concejal del PP, está a favor de desarrollar una normativa abolicionista pero critica que el PSOE no haya contado con el resto de partidos para elaborar la suya. También desde su punto de vista, el texto “no respeta los campos de competencia de otras Administraciones”. Begoña Villacís, de Ciudadanos, coincide con ese análisis. “La mayor parte de los artículos son inaplicables. No se trata de abrir un debate sobre si prostitución sí o no [su partido defiende la regulación], sino sobre si es técnicamente viable, y la normativa municipal no lo aguanta todo”, sostiene la portavoz. Para Causapié estos argumentos son “excusas”. “No me parece bien que se use el tema de las competencias para evitar el fondo de la cuestión. ¿Qué vamos a hacer con este tema?”, pregunta al resto de grupos.

Plan contra la trata

El Ayuntamiento de Madrid lanzó el pasado julio un plan contra la trata de mujeres, que desde su punto de vista contiene algunas de las medidas que plantea el PSOE que tienen que ver con la sensibilización. A los socialistas, que ese programa contemple la “prostitución forzada” y dé por hecho que existe otra que no lo es “revela el total desconocimiento de la prostitución como una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género”. “Hablar de libertad vinculada a la prostitución es una falacia. La libertad es de quienes explotan y se benefician de ella”, denuncia Causapié.

“Me parece tremendo que equiparen todas las situaciones a la trata de personas. Eso es no entender la trata, que esclaviza a una mujer, la machaca y la explota”, responde Villacís. “Evidentemente, en la prostitución hay explotación y hay que invertir en protegerlas y en vigilancia de la salud para detectar situaciones de adicciones a sustancias, maltrato, enfermedades y uso de anticonceptivos”, añade la portavoz de Ciudadanos. “La prostitución debería ser un trabajo autónomo y sujeto a muchos controles, menos hipocresía y más mirar de frente”, sostiene.

Elorriaga, del PP, discrepa de Ciudadanos y coincide con el PSOE en considerar toda forma de prostitución una esclavitud que hay que abolir. “Nosotros estamos en la defensa de la dignidad de las mujeres y no consideramos la prostitución un oficio”, añade la concejal popular. Desde su punto de vista, una ordenanza municipal debe asegurar la protección de la víctima, garantizarle apoyo para que dejen las mafias y un lugar protegido para que no les encuentren, donde se les facilite intervención psíquica. En definitiva, “ayudarlas a salir de una situación de vulnerabilidad”. En eso, nadie discrepa.