Barcelona creará cuatro centros para agilizar los trámites en dependencia

Los tapones en la tramitación de la ley de dependencia se cuentan por montones, desde los retrasos por un certificado hasta la recepción de las ayudas concedidas. El ya de por sí farragoso proceso se complica todavía más con las demoras que arrastra la administración de turno en cada uno de los trámites y, en algunas fases, el volumen de retrasos ahoga a los trabajadores sociales. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido poner coto a estos retrasos y desplegará cuatro centros especializados solo en elaborar los programas de individualizados de atención (PIA), la hoja de ruta que dirime, una vez concedido el grado de dependencia, cuál es la prestación más adecuada en cada caso particular.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha dado un tirón de orejas a la Generalitat y ha exigido "más transparencia en el acceso a los datos y más inversión" para recursos recogidos en la ley  de dependencia, como las residencias. Según la normativa, la Generalitat es la encargada de evaluar y decidir el grado de dependencia de los solicitantes y el Ayuntamiento tiene la competencia de elaborar el PIA más adecuado para cada usuario. El problema es que, más allá de la concesión de las ayudas, las prestaciones no siempre llegan en tiempo y forma a la persona dependiente: si bien algunos servicios, como la atención domiciliaria, están gestionados por el consistorio, las prestaciones económicas o las plazas de residencia dependen de la Generalitat.

Ortiz ha denunciado que la Generalitat tardó más de un año en traspasar los casos pendientes de PIA entre 2015 y 2016. "Cuando entró en grado I en 2015 [desde 2011 había una moratoria y no se daban ayudas a este grupo] se acumulaban los expedientes y nosotros no recibíamos los datos hasta que en 2016, de golpe, nos llegaron más de 20.000 expedientes a los centros de servicios sociales", ha protestado Ortiz.

Aunque desde entonces ya se han ido depurando retrasos —en los últimos seis meses, el Ayuntamiento ha tramitado unos 7.000 PIA—, la situación requería de un plan de choque a gran escala. "El dispositivo de refuerzo municipal se ha iniciado con 3.000 casos pendientes de evaluación que deberían estar tramitados antes de noviembre", ha dicho la teniente de alcalde.

El objetivo, ha insistido Ortiz, es "reducir las listas de espera". El primero de los cuatro centros ya está en funcionamiento desde junio en el barrio de Gràcia de Barcelona y cuenta con un equipo de 17 trabajadores sociales y siete administrativos.