Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

Jueces y Sociedad

Es necesario evitar que los juicios sean resueltos a gritos, pero también que los criterios de los tribunales propicien esos gritos

La Ciutat dela Justícia de L'Hospitalet.
La Ciutat dela Justícia de L'Hospitalet.

En democracia, la soberanía reside en el pueblo y todos los poderes del Estado es necesario, para su legitimidad, que estén conectados con ella. Cuestión no exenta de dificultades pero a pesar de todo, resuelta no sin problemas, en los poderes legislativo y ejecutivo. Piénsese en la actual polémica entre democracia representativa y directa.

Al tratarse del poder judicial, la cuestión presenta mayores dudas. Para algunos, aun reconociendo que en nuestro sistema, los jueces no son elegidos, directa o indirectamente se trata, dicen de un problema inexistente: la legitimación de los jueces encuentra su fundamento en el hecho de que su función se limita a la simple aplicación de la ley, producto de la voluntad popular. Esta afirmación, peca de optimista e incompleta.

Olvida que el núcleo del poder de los jueces, especialmente, en los procesos complejos referidos a temas que dividen a la sociedad reside en su potestad de interpretación de las leyes en la que su personalidad desempeña un papel más trascendental que en aquellos casos en los que no existe enfrentamiento.

La solución no es fácil, sobre todo, en épocas de cambio y de crisis, en la que casi todo es objeto de discrepancia y división social.

En principio, no es de extrañar la existencia, de esos desajustes entre sociedad y jueces y tan malo sería que se arreglasen, sin más, dando preponderancia, a una u otros sin intentar vías de aproximación y concordia. Esos remedios existen, solo es necesario voluntad política para emplearlos. Entre ellos se encuentran:

1-La reformas del ordenamiento jurídico. Es la más directa y acorde con nuestro sistema democrático. Constituye una de las funciones principales del legislador adaptar los textos legales a los criterios morales vigentes en la sociedad, como la eutanasia.

2-La potenciación del jurado. Esta institución de mínima aplicación en nuestro país, ofrece una doble ventaja: acercar la sociedad a los tribunales y viceversa. Se comenta que los jurados actúan con gran responsabilidad quedando muy impactados con las dificultades inherentes en el oficio de juzgar a los ciudadanos. Estamos ante una colaboración positiva para todos. Cabría experimentarla en otras esferas, como el de la familia u otros en los que los conocimientos y experiencias de los ciudadanos pudieran ser de utilidad.

3- La especialización de los jueces. A día de hoy se ingresa en la carrera judicial, tras superar unas oposiciones generalistas, que abarcan, prácticamente todas las materias jurídicas. Así no se puede continuar, se impone una especialización para que los futuros jueces alcancen una formación completa de las cuestiones que van a ser objeto de su decisión.

4- La colaboración en los Tribunales de asesores o expertos. Los jueces no pueden saber de todo, sin embargo, han de decidir sobre todo. En algún caso esta obligación raya lo imposible. Ayudaría a remediarlo la adscripción a los Tribunales, de expertos que ilustrasen a los jueces sobre determinadas cuestiones de su especial conocimiento con voz y sin voto.

La Sociedad, especialmente, los sectores empresariales, intelectuales y financieros deberían incrementar sus relaciones con el Poder Judicial colaborando en la formación actualizada de los jueces. Sería beneficioso para todos. Los jueces con frecuencia, están demasiado aislados y esto no es bueno para nadie.

Si, como sucedió en EEUU, en 1937, las leyes, en ese caso, de reforma social del New Deal del Presidente Roosevelt chocaron, reiteradamente, con el criterio conservador de varios de los magistrados del Tribunal Supremo, que procedieron a su anulación, el conflicto se decidió en buena lógica Democràtica, en favor de la opinión pública mayoritaria, mediante la jubilación o dimisión de alguno de aquellos magistrados.

En España, se comenta, que ahora el nuevo Gobierno, tiene la intención de rehabilitar al juez Garzón, objeto de una sentencia del Tribunal Supremo, de inhabilitación, que se basó, según muchos, en criterios muy discutibles.

Hay que procurar que esas situaciones límite no se produzcan. Es necesario evitar que los juicios sean resueltos a gritos por las multitudes pero también que los criterios de los tribunales propicien esos gritos y, sobre todo, convertir esas discrepancias en un motivo de orgullo corporativo y de independencia judicial. Al revés, hay que estar bien atento a ellas en bien de la paz civil.

Angel Garcia Fontanet es Magistrado.