De coche de delincuente a patrulla de la Guardia Civil

El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid ha dictado una sentencia pionera en la región. El magistrado ha decomisado un turismo ranchera a un vecino de la capital, habitual en la comisión de delitos contra la seguridad vial, y lo ha entregado a la Comandancia de la Guardia Civil para que lo utilice en sus servicios habituales. Hasta ahora, lo frecuente era que el vehículo entrara en un depósito judicial y se subastara con el tiempo, muchas veces como chatarra.

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La carrera judicial de J. P. T., un vecino del distrito madrileño de Latina de 35 años, comenzó en 2009, según datos facilitados por la Guardia Civil. En junio de ese año, un juzgado de Madrid ya le precintó un Alfa Romeo. Después, ha ido sumando decomisos de distintos vehículos. Algunos eran modelos de lujo, como un BMW 523, pero otros eran más baratos, como un Opel Corsa, un Ford Mondeo e incluso una moto Piaggio.

El historial de denuncias de este madrileño también es largo. En su expediente le figuran ocho infracciones a las normas de circulación, algunas de ellas graves o muy graves, como circular bajo los efectos del alcohol. A la Guardia Civil le constan seis detenciones por hechos muy diferentes, como conducir pese a haber perdido los puntos o estar privado del permiso oficial. Pero a ellos también se unen falsedad documental, estafa bancaria, falsificación de las placas de matrícula de un vehículo y usurpación del estado civil. Este último lo cometió al presentar un carné de conducir de otra persona cuando fue parado por los agentes de Tráfico, según fuentes del instituto armado.

Las circunstancias cambiaron hace unos meses, cuando el titular del Juzgado de lo Penal número 25 condenó a J. P. T. a la retirada del carné de conducir y al pago de una multa tras cometer un delito contra la seguridad vial. Cuando la sentencia pasó a la sección de Ejecutorias del Juzgado número 7, se encontraron con que este delincuente había pagado la cuantía de la multa y que no había ninguna indemnización pendiente a posibles víctimas ni el pago de responsabilidad civil directa o subsidiaria. Por tanto, al haber satisfecho todas sus deudas, quedaba pendiente el decomiso del vehículo, según recuerdan fuentes judiciales. Este fue considerado en el fallo como el medio para cometer el delito, por lo que el penado debía ser privado de él.

El Juzgado número 7 entendió que se debía aplicar entonces el párrafo tercero del artículo 127.8 del Código Penal. Este recoge, tras la reforma de 2015, que “los bienes, instrumentos o ganancias” decomisados por un delito y tras el pago a las víctimas deben ser entregados al Estado. Dada la novedad de ese artículo, en la región no se había producido nunca entrega alguna de ese tipo a la Guardia Civil.

La providencia de decomiso permite al instituto armado destinar el Renault Laguna con matrícula GDG, con nueve años de antigüedad, a la función que más le convenga. También la autoriza a destruirlo o venderlo como chatarra en caso de no ser apto para la circulación. “Para nosotros es una sentencia muy importante y esperamos que cunda el ejemplo, porque estos vehículos al final eran subastados como chatarra tras pasar años en depósitos judiciales”, reconoce un alto mando de la Comandancia de Madrid. Su destino ya está fijado: será un coche de apoyo y logística para un servicio especializado de la Guardia Civil, dado que se trata de una ranchera y tiene un maletero de gran capacidad. “También sirve de aviso para personas como el condenado, que hace gala de una conducta antisocial reiterada cuando se pone a manos de un volante. Es una medida ejecutiva y ejemplarizante que esperemos que sea habitual entre los jueces de la región”, añade.