Una comisión comienza la investigación de los contratos discrecionales del Consistorio

La Comisión de Vigilancia de la Contratación arrancó este viernes con la comparecencia de la edil Celia Mayer, dos asesoras y un funcionario, para aclarar las "sospechas" de la oposición sobre supuestas irregularidades en adjudicaciones municipales a dedo. Se analizaron diez convenios adjudicados al grupo Tangente, para el que trabajaron los comparecientes. El Consistorio defiende que todo fue regular.

Los contratos cuestionados "han pasado todos los filtros y me parece asombroso que cuestionen el procedimiento", dijo la exconcejal de Cultura y ahora delegada de Igualdad, Mayer. La edil trabajó entre 2012 y 2015 con Andaira, una de las 14 empresas del grupo cooperativo Tangente, que se encuentra bajo el foco de la polémica por las acusaciones del PP y Ciudadanos de haberse beneficiado de dos millones de euros de fondos públicos de manera "sospechosa".

Para Silvia Saavedra, de Ciudadanos, la relación de Mayer con Tangente demuestra un caso de "conflicto de intereses", mientras que el PP, que este viernes lamentó la imposibilidad de analizar las convalidaciones de gasto y subvenciones, habló de "red clientelar".

En al menos tres contratos menores, otorgados sin contrato público, el Ayuntamiento invitó solo a empresas pertenecientes al grupo Tangente, como desveló EL PAÍS. Para este grupo trabajaron, además de Mayer, otras dos asesoras de Ahora Madrid, Nieves Sanobral y Rosa Domínguez, y el extesorero de Ganemos. Este grupo cooperativo, que se dedica a la economía social, se benefició de otras subvenciones y varios contratos, hasta un total de dos millones de euros, acusa la oposición.

Ante las acusaciones de posibles irregularidades, Sanobral comentó que no participó directamente en los procesos de contratación. Y Domínguez defendió la misma tesis: "No puedo participar en los procesos de contratación, no está en mis competencias", dijo la asesora del distrito de Fuencarral, dirigido por Guillermo Zapata. Domínguez fue presidenta de Tangente antes de trabajar en el ejecutivo local, pero en su perfil en el Portal de Transparencia la profesional no lo menciona. Preguntada sobre este aspecto, la asesora reconoció el fallo: "Puedo ampliar en cualquier momento mi currículo", dijo.

El concejal de Hacienda, Jorge Castaño, también rechazó todo tipo de acusaciones. Dijo que la contratación menor, limitada a proyectos sin concurso público inferiores a los 21.000 euros, solo representa el 0,5% del presupuesto municipal (incluyendo el pago a funcionarios y gastos financieros). Y atacó a la oposición, a la que tachó de "ridícula".

La comisión de la contratación se convocó después de que Ahora Madrid, con el apoyo del PSOE, rechazara celebrar una investigación ad hoc sobre el asunto. Tangente, Dinamia y Gea21 son algunas de las empresas beneficiadas por el Ayuntamiento que, según el PP y Ciudadanos, tienen "afinidad" con el equipo de gobierno. Ana Román, concejal del PP, sostuvo que "en al menos cuatro contratos", la Intervención General "alertó" de posibles irregularidades, y anunció que llevará el asunto ante la fiscalía.

El PSOE, por su parte, mantuvo que, aunque los convenios cumplen con la legalidad, "pueden ser objeto de sospecha". La socialista Erika Rodríguez habló de posible "fraccionamiento" de encargos, algo prohibido por las normas, y de que algunos encargos se adjudicaron pidiendo ofertas solo "al mismo grupo". Aun así, la socialista afirmó que el PP y Ciudadanos buscan sobre todo publicidad, y pidió al equipo de gobierno ser más transparente en la contratación: "Háganle más publicidad a la economía social, para que concurran más empresas", declaró Rodríguez.