“No he tenido más miedo en mi vida”

El exjefe de la Policía Local de Galapagar y actual responsable de la unidad de Centro Sur de la Policía Municipal de Madrid (que incluye Lavapiés), Juan Manuel González Muñoz, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Tres agentes del municipio serrano le acusaron de coacciones continuadas y falsedad documental, después de que les obligara a firmar un acta de sanción por la celebración de una fiesta de Año Nuevo en un chalé privado.

En la causa también está procesado por falsedad documental el cabo de la policía de Galapagar, José V. P. Los hechos que se juzgan ocurrieron la madrugada del 1 de enero de 2013, cuando el cabo y los tres agentes acudieron a la finca Villasolita para ver si se estaba celebrando una fiesta ilegal. Tras esperar cerca de una hora, solo vieron pasar varios coches que se dirigían a un chalé cercano. El mando pidió permiso al dueño de la vivienda, Juan Bautista P., e inspeccionó la parcela. Los hijos del propietario habían organizado una fiesta con sus amigos en las que pagaron a escote los gastos de instalar una carpa, comprar las bebidas y alquilar dos baños químicos, según explicó ayer el dueño del chalé.

Los tres agentes que acompañaron al cabo se negaron a firmar el acta, al entender que se trataba de una fiesta privada, en la que no se podía aplicar la Ley regional de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar). Los policías regresaron a sus dependencias y allí recibieron una llamada telefónica de Juan Manuel González Muñoz, según declararon ayer. Lo primero que hizo fue preguntarles a cada uno de ellos con un tono amenazante y chillando su nombre y su número de placa. Según su testimonio, después les ordenó que firmaran una nueva denuncia redactada por el cabo. “Lo va a hacer sí o sí y, si no lo firma, aténgase a las consecuencias”, aseguran que les dijo. A uno de ellos le dijo que le iba a mandar a vigilar a un compañero que residía en Las Rozas y que no había ido a trabajar. A otro le amenazó con no firmar la permuta de su puesto de trabajo para trasladarse a Tarifa (Cádiz). Al tercero le dijo que podría perder el horario especial que tenía para hacerse cargo de la custodia compartida de su hijo.

Los tres agentes hablaron de que se sintieron atemorizados. “No he tenido más miedo en mi vida”, declaró un policía. El que estaba pendiente de trasladarse a Tarifa fue el único que firmó, pese a que los tres mantuvieron que se trataba de una fiesta privada. A los otros dos les abrió cuatro expedientes administrativos por dos faltas muy graves, acusados de insubordinación y falta de colaboración con la Guardia Civil. Todavía no se han resuelto a la espera del resultado del juicio de la Audiencia Provincial. Los funcionarios ejercen la acusación particular.

Tras la negativa, los agentes fueron obligados a patrullar por el centro del municipio y comprobar cuál era el estado de los parquímetros, que estaban siendo instalados en esas fechas en el municipio. Meses después, González Muñoz. llamó a los dos agentes expedientados y, tras tomarles declaración, les amenazó con denunciarle en el juzgado por falsedad documental, según declararon. Nunca lo hizo. El trasladado a Tarifa afirmó que recibió a finales de septiembre de 2013 una llamada del oficial en la que anunciaba que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para deshacer la permuta y que regresara a su anterior puesto

El actual jefe de Lavapiés negó ayer que coaccionara a los agentes o que le dijera a uno de ellos que se iba a ir a vigilar a Las Rozas. “Habría sido una temeridad con unos medios tan exiguos”. Juan Manuel G. M. afirmó que tan solo habló con los funcionarios para decirles que lo que se les podía incoar un expediente sancionador por negarse a hacer su trabajo.

El juicio se reanudará el próximo 28 de mayo, tras no poder acabarse ayer en una sola sesión por la gran cantidad de testigos citados a declarar.