La fiscalía solo investiga a una treintena de los 712 alcaldes que apoyaron el referéndum

José Manuel Maza dejó una herencia que los fiscales catalanes tratan de gestionar: la investigación a los alcaldes que, presuntamente, cedieron locales públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Dos semanas antes de esa cita clave, en pleno fragor por evitar la consulta, el fiscal general del Estado ordenó que se abrieran diligencias contra los 712 ediles que se pusieron “a disposición” del Gobierno de Carles Puigdemont. La realidad es que, siete meses después, la fiscalía solo mantiene abiertas pesquisas sobre una treintena de ellos, según fuentes judiciales. En algunos de esos casos, agregan, será difícil probar que son responsables de los delitos de desobediencia o prevaricación.

Maza, fallecido en noviembre, envió la orden a los cuatro fiscales jefe de las provincias catalanas a partir de un listado de ayuntamientos elaborado y difundido por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que confirma la cifra de alcaldes investigados. "Estará entre unos 30 y 40", explican los servicios jurídicos de esa entidad. La decisión de Maza buscaba enviar un mensaje contundente a esos alcaldes y, por oposición, otro de apoyo a los ediles que habían manifestado públicamente su negativa a poner locales al servicio de la votación.

La tarea encomendada se presentaba titánica. De modo que se fijaron criterios de relevancia para escoger a los primeros alcaldes investigados: aquellos que, más allá de firmar el manifiesto de adhesión a la Generalitat, habían realizado otras gestiones o se habían manifestado públicamente a favor de colaborar con el referéndum. En Barcelona, la fiscal jefe, Ana Magaldi, optó por un criterio de tamaño: primero los ayuntamientos grandes; después, los pequeños. Los tres primeros alcaldes fueron citados apenas seis días después de la orden de Maza por la Fiscalía Superior de Cataluña, competente para investigar a los ediles que, además, ejercían como diputados: Marc Solsona (Mollerussa), Miquel Sala (Oliana) y José Antonio Troguet (El Pont de Suert).

En segundo plano

El 1-O y sus consecuencias políticas y judiciales lo cambiaron todo. Con los líderes del procés encarcelados o huidos, el asunto de los alcaldes pasó a ser de tercera categoría. Para entonces, los fiscales ya habían abierto la investigación a una treintena de ellos. Hasta ahora, no han tomado ninguna decisión definitiva (archivar el caso o elevar una denuncia o querella ante el juez) y el tiempo ha seguido corriendo. La fiscalía era consciente de que el plazo de investigación (seis meses) vencía pronto en muchos casos y de que debía abordar el problema con urgencia.

El martes, los fiscales jefe de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona se reunieron para decidir el rumbo a tomar. Hubo división de opiniones, sobre todo por la posibilidad de que las pesquisas salgan adelante con éxito. Al final, se impuso la tesis de continuar con las investigaciones (pidiendo, si es necesario, una prórroga) y dirimir si los alcaldes deben responder penalmente. Solo lo harán aquellos, sin embargo, que efectivamente acabaron cediendo de forma consciente sus locales para el 1-O. “No basta con la firma a un documento de adhesión, hay que ir más allá”, señalan fuentes de la institución.

Los fiscales, además, están topando con dificultades técnico-jurídicas. La ley del referéndum, aprobada por el Parlament el 6 de septiembre, señalaba que los ayuntamientos debían poner a disposición de la Generalitat “los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Esa misma noche, Puigdemont envió una carta a los ediles solicitándoles su colaboración, y cientos de ellos respondieron afirmativamente. El Tribunal Constitucional suspendió la ley del referéndum antes del 1-O y la anuló con posterioridad. “Mientras estuvo en vigor, hay que ver hasta qué punto se podían negar a cumplir. Otra cosa es que luego esos locales se cedieran o no, y en qué condiciones”. Las “condiciones”, señalan fuentes judiciales, también son importantes: el hecho de que se abriera un espacio de titularidad municipal ese día no quiere decir que se hiciera con el consentimiento del alcalde, por lo que deberá probarse, caso por caso, su implicación en los hechos.

Las fuentes consultadas también coinciden en que es posible que no se abran ya muchas nuevas investigaciones contra otros alcaldes. O que, a falta de nuevas pruebas, se abran diligencias para archivarlas a continuación. 

Los servicios jurídicos de la AMI lamentan que no han recibido respuesta por parte de las fiscalía a las peticiones de archivo que se han presentado y critican que no se les ha notificado, tampoco, la solicitud de una prórroga en la investigación. "Agradeceríamos que actuaran por el principio de legalidad y no el de oporutnidad", señalan. Lamentan que la fiscalía mantenga en vilo a otros cientos de alcaldes y recuerda que muchos de ellos optarán a ser reelegidos en las próximas elecciones municipales.