Perjudicados por el vacío político en Cataluña

Unos son independentistas y otros no quieren saber nada de separarse de España, pero todos coinciden en que la normalidad política debe volver a Cataluña. Todos salen perjudicados por la incertidumbre que ha generado el proceso unilateral de independencia y el consiguiente choque con el Estado. La intervención de la Generalitat a través del 155 no es lo que más temen, como explica Raimon Masllorens, presidente de PROA, patronal de productoras audiovisuales catalanas: “Ya no es estar a favor o en contra del 155, en definitiva, esto es unos señores que firman talones a fin de mes. Lo que necesitamos es un Govern, porque la situación es terrible”. Lo peor, coinciden las personas entrevistadas para este reportaje, es que la inestabilidad se mantenga por más tiempo.

“La normalidad institucional es básica para garantizar confianza. Necesitamos un gobierno estable, del color que sea pero que respete la ley. En nuestro sector ya hemos sufrido muchísimo esta situación política”, dice Jordi Clos, presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona. Clos apunta a que el efecto negativo no se limitó al último trimestre de 2017: “Seguimos estando perjudicados porque el 50% de las visitas a Barcelona son personas de negocios, y a estos les afecta directamente la inseguridad”. Jordi Baqués, delegado en Cataluña de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), confirma que el momento es de incertidumbre y que “afecta a la hora de tomar decisiones”: “Lo que puede suceder es que haya inversiones detenidas. Existe cierta precaución, hay inversores a la espera de la estabilidad. La tormenta pasó, aquellas semanas que sí perjudicaron directamente al turismo, al consumo. Pero que haya pasado no quiere decir que no pueda volver a suceder”. Baqués considera que las empresas “no han experimentado cambios sustanciales en su día a día”, excepto las sociedades que operan con la administración pública: “Tengo constancia de empresas que estaban pendientes de proyectos que debían iniciarse y se han parado”, dice Baqués. El delegado de la AEDAF cree que “la gran mayoría de la ciudadanía catalana quiere que todas las partes se sienten en la mesa y encuentren una solución”. Un 72% de los catalanes querrían hoy aparcar el procés en favor “de una estrategia negociadora del tipo que se ha seguido en el País Vasco”, según la encuesta de Metroscopia publicada el pasado enero por EL PAÍS.

Manuel Romero, presidente de la Asociación Catalana de Constructores de Obra Pública (Constcat), confirma que llevan mucho tiempo preocupados por la incertidumbre política. “Lo mejor para nosotros es que haya cuanto antes un gobierno de la Generalitat y que se levante el 155. Las empresas están preocupadas porque, al margen de cómo piense cada uno, es necesario un consejero de referencia”. Romero asegura que prácticamente todo lo presupuestado antes de la intervención ha tirado adelante, y que el funcionamiento de la administración bajo el 155 ha sido correcto. Pero alerta que en el negocio privado se mantiene “una caída del tono general de la inversión. Muchos fondos de inversión han detenido operaciones. En el último trimestre de 2017 hubo un repliegue y sigue habiendo una actitud de wait and see, esperan a que la situación económica y política se normalice”.

Miquel Alzueta, editor y galerista, explica que el mercado del arte se ha desacelerado: “La gente se piensa más comprar los bienes que no son básicos. No es por una preocupación de bolsillo sino emocional. No es una cuestión únicamente del 155, es el hecho de que no hay normalidad, y mientras esta no vuelva, habrá afectación”. Alzueta ha notado el descenso especialmente entre sus clientes extranjeros: “Es normal dejar de invertir si eres extranjero, porque no entiendes qué sucede, y detectas inestabilidad. El independentismo esto no lo pensó, ha habido mucha inconsciencia, como cuando se dice que no pasa nada porque Caixabank o el Sabadell trasladen su sede fuera de Cataluña”. Quien fuera fundador de la editorial Columna opina que deberán pasar unos años “para ver cómo evoluciona la sociedad, si se mantiene la división social. El problema entre catalanes no había existido nunca, quizá estaba soterrado, pero ahora es un hecho. Volver a la normalidad es fundamental, y para eso es necesario negociar”.

El Gobierno supervisa las cuentas de la Generalitat desde septiembre, un mes antes de la entrada en vigor del 155. En el último tramo de 2017 se retrasaron numerosos pagos de la administración al estar escrutados para determinar si alguna partida se destinaba al proceso de independencia. Uno de los ámbitos perjudicados en los primeros compases del 155 fue el de los centros de investigación. Un portavoz del Hospital Universitario Vall d'Hebron afirma que “la afectación no es tanta” y que la principal diferencia es que el control de justificantes de pago es muy superior. Otro ejemplo de los efectos lo aporta Joan Gómez, director Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC): cada operación financiera requiere una declaración de responsabilidad firmada por él ante la Agencia Tributaria. La póliza de crédito para los momentos de problemas de tesorería –por pagos retrasados– se renovó en el último momento, tres meses después de lo previsto. Hay ayudas, por valor de 40.000 euros, que tenían que ser ingresadas en septiembre y que han llegado ahora. “No hay ni agilidad ni dirección política que haga funcionar la máquina”, según Gómez. Pero lo que más lamenta el director del ICAC es que los proyectos para el futuro inmediato, como la fusión estudiada del ICAC con otros dos centros de investigación, son hoy una incógnita: “Todas las iniciativas de futuro están en el aire si no tenemos un consejero”.

Francesc Máñez y su mujer son padres de acogida de niños en situación de vulnerabilidad en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Sus cuidados duran de media entre seis meses y un año antes de que el menor vuelva a su familia de origen o sea adoptado. Llevan realizando este voluntariado más de once años y el pasado agosto fue la primera vez que sufrieron retrasos en el pago de la subvención que reciben por ello. El montante en ayudas de todos estos meses estaba previsto que finalmente lo cobraran a finales de febrero. “En la Generalitat no nos daban ninguna explicación, solo que se llevaba desde Madrid”. Máñez, consultor tecnológico y socio de Òmnium Cultural, carga más la responsabilidad en el Gobierno central pero no duda de que la prioridad debe ser “que todo se normalice, la palabra tan de moda”.

La familia Máñez colabora con fundaciones como Infància i Familia o Arrels. Esta última, dedicada a la atención de personas sin hogar, fue noticia en los primeros compases del 155 por sus dificultades para ingresar 400.000 euros de la administración. Su director, Ferran Busquets, asegura que los obstáculos se han solventado, excepto un pequeño subsidio de 1.800 euros para viajes internacionales que obtenían del Diplocat –el servicio diplomático de la Generalitat, inhabilitado por el Gobierno–. “Lo peor que les puede pasar a las ONG es la incertidumbre”, dice Busquets, y subraya que la ausencia de ejecutivo y de actividad parlamentaria está frenando iniciativas legislativas que estaban tomando forma para la aplicación de una renta mínima.

De forma similar se expresa Masllorens. El presidente de PROA señala que la principal crisis del sector audiovisual fue la declaración de inconstitucionalidad en 2017 del canon digital catalán, que aportaba al sector 20 millones de euros, según Masllorens. La decisión del Tribunal Constitucional (TC) fue injusta, valora Masllorens, pero lamenta que el bloqueo político ha detenido el trabajo que se estaba desarrollando para elaborar una ley que sustituyera la anulada por el TC. Sobre la reclamación de Hacienda del IVA en el presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Masllorens recuerda que es una norma que afecta a todas las televisiones autonómicas: “Hay bastante oposición, muchos partidos están en contra, podría revertirse si hubiera capacidad de actuar políticamente”.