España tiene dos millones de problemas

El pasado 21 de diciembre se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por el presidente del Gobierno español. En dichas elecciones dos millones sesenta y tres mil catalanes votaron por la independencia de Cataluña, mientras que dos millones dos cientos sesenta y dos mil catalanes votaron por otras opciones políticas que no tenían como prioridad la independencia. Es decir, la mitad de la población está a favor de la independencia y la otra mitad no lo tiene como prioridad o está en contra de ella. La sociedad catalana está pues tremendamente fraccionada por este tema. La situación es muy compleja ya que ambos sectores están fuertemente consolidados y esta grave fractura no se aborda como problema político, que es lo que debería hacerse.

La mitad de los votantes de Cataluña manifiestan abiertamente su voluntad de independencia y de rechazo al Estado mediante las sucesivas y masivas manifestaciones del 11 de septiembre; la participación en el referéndum, declarado ilegal, del 1 de octubre; la campaña, con lazos amarillos, en favor de los políticos encarcelados o huidos a Bruselas; el rechazo del rey como jefe del Estado y la sustitución de la senyera por la estelada, entre otras muestras. Para los independentistas muchas de las actuaciones del Estado perjudican directamente a Cataluña y ello tiene como consecuencia la progresiva consolidación de la desafección de esta parte de la población catalana respecto al Estado, por el principio de acción - reacción. Mientras que para los sectores independentistas la culpa de la mayor parte de los déficits de Cataluña la tiene el Estado, éste se limita a aplicar una visión determinada de la ley, como la represión policial desproporcionada de quienes fueron a votar el 1 de octubre, sin conseguir, paradójicamente, paralizar la votación; el encarcelamiento provisional, desproporcionado a criterio de numerosos juristas, de determinados políticos y dirigentes de organizaciones sociales, entre otras actuaciones, lo que ocasiona más y más agravios.

Por otra parte, todo ello enmascara y evita que se aborden los graves problemas que afectan a la sociedad como el paro, la corrupción sistémica que hay en España, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones en relación con el incremento del coste de la vida, etc.

Recientemente diez catedráticos de universidades de Cataluña, del País Vasco, de Madrid y de Andalucía han elaborado un documento que propone la reforma de la Constitución en diversos aspectos. Este podría ser uno de los documentos para abordar seriamente la reforma de la Constitución, norma que nos ha permitido ser una democracia occidental homologada, con diversos déficits, desde 1978 hasta hoy. Sorprende que desde determinadas posiciones políticas se niegue que hoy España sea una democracia. Sería interesante que estos sectores indicasen qué Estado consideran una democracia, para saber qué modelo de referencia tienen…

La reforma de la Constitución debería incorporar, entre otros aspectos, una Disposición Adicional específica para preservar la identidad y la lengua catalana; la reforma del Senado para convertirlo en una cámara donde las comunidades autónomas en cuanto a tales estuviesen representadas, de manera análoga a como los länder están representados en el Bundesrat alemán; la reforma del sistema de financiación, estableciendo, entre otros parámetros, el principio de ordinalidad para evitar que aquellas comunidades que más contribuyen al Estado acaben percibiendo menos recursos y la clarificación del sistema de reparto de competencias para evitar las constantes pugnas ante el Tribunal Constitucional. Ciertamente la reforma de la Constitución es muy difícil de llevarla a cabo porque en algunos de los aspectos mencionados no están de acuerdo ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni una parte importante del PSOE, pero mucho más difícil es alcanzar la independencia si quienes la tienen como prioridad no llegan a la mitad de los electores y enfrente está el Estado, con los medios de que dispone para oponerse, y la prueba es la regresión autonómica en la que está sumida Cataluña.

La situación actual es la manifestación de un grave problema político, que no jurídico, y es preciso que nuestros representantes, con urgencia, negocien una salida política a la crítica situación actual.

Francesc Pau i Vall es profesor de Ciencias Políticas de la UPF.