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El 25% de los diputados secesionistas electos está imputado por el ‘procés’

Una condena del Tribunal Supremo obligaría a 18 parlamentarios a dejar el escaño de manera inmediata

Artur Mas, ayer, a su llegada a la sede del PDeCAT.
Artur Mas, ayer, a su llegada a la sede del PDeCAT.

El independentismo tiene un problema que le perseguirá el tiempo que dure la legislatura, si es que se inviste presidente de la Generalitat y se forma Gobierno. 18 diputados secesionistas de un total de 70, que conforma la mayoría de ese bloque en la Cámara catalana, están imputados por la justicia por su actuación en el procés y podrían ser condenados a elevadas penas de cárcel y de inhabilitación para el cargo, lo que les obligaría a dejar el escaño.

Una eventual condena por rebelión, sedición o malversación a esos 18 diputados electos, que son los cargos de los que les acusa la fiscalía, no afectaría a la mayoría parlamentaria, porque serían reemplazados por otros. Sin embargo, esa sentencia condenatoria supondría que la mayoría de los líderes que han participado activamente en el procés se verían obligados a abandonar su actividad parlamentaria.

Serán juzgados por el Tribunal Supremo, posiblemente en el plazo de un año, y si fueran condenados a penas de inhabilitación tendrían que dejar el escaño de manera inmediata porque la sentencia sería firme y no habría segunda instancia judicial en España para recurrir, como le sucedió al exdiputado del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs tras ser condenado por desobediencia por la consulta del 9-N.

Estos 18 parlamentarios tienen en común que están investigados por el Tribunal Supremo, pero se encuentran en situaciones muy distintas. Aún no se sabe si ocho de ellos, que se encuentran huidos o en la cárcel, tomarán posesión de sus actas o algunos renunciarán para que no se vea afectada la mayoría independentista en la sesión de constitución del Parlament del próximo día 17 y en el debate de investidura.

Todos fueron elegidos en las candidaturas de Junts per Catalunya o Esquerra Republicana en las elecciones del 21 de diciembre. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret están huidos en Bruselas. El exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez se encuentran en prisión.

A estos se suman otros diez diputados. De ellos, siete están en libertad bajo fianza: los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raül Romeva y Dolors Bassa pagaron 100.000 euros cada uno para quedar en libertad después de 32 días encarcelados. En la misma situación se encuentra la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exvicepresidente primero de la Cámara Lluís Guinó, que abonaron 150.000 y 25.000 euros para eludir la prisión.

La lista se completa con la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que ha sido la última en sumarse a la relación de investigados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y aún no ha sido citada a declarar, además de los diputados republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Estos últimos fueron detenidos el pasado 20 de septiembre, cuando el registro de la Guardia Civil en el Departamento de Economía de la Generalitat derivó en las concentraciones ciudadanas que acabaron con el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Esa operación la acordó el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que deberá inhibirse en favor del Tribunal Supremo cuando Jové y Salvadó, que tampoco han declarado ante la justicia, adquieran la condición de aforados en los próximos días tras tomar posesión del acta de diputado. A esos 18 diputados independentistas investigados por el Supremo se ha de sumar Joan Josep Nuet, de Catalunya En Comú-Podem.

Además, el juez Llarena amplió el pasado 22 de diciembre la lista de investigados por su participación en la declaración de independencia con Artur Mas, expresidente de la Generalitat; Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT; Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia; y las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel. Todos están pendientes de declarar.