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El fiscal acusa a dos ediles del PP de Alcalá por delito ambiental

Mantuvieron una estación de autobuses que carecía de permisos

El antiguo intercambiador de autobuses.
El antiguo intercambiador de autobuses.

El fiscal ha pedido la apertura de juicio oral contra Tomás Marcelo Isoldi, concejal del PP de Alcalá de Henares, y Francisco Javier Fernández, exedil del mismo grupo, por haber permitido que una estación de autobuses, que recibía hasta 152 vehículos diarios, funcionara durante años sin las licencias necesarias.

Los vecinos soportaron la instalación hasta 2015 —año en la que se trasladó—, que producía altos niveles de ruido, vibraciones, y contaminación, indica el fiscal. Isoldi sostiene en su descargo que las competencias eran de la Comunidad de Madrid y que ellos intentaron buscar soluciones que no se tuvieron en cuenta.

La estación de autobuses, situada en la calle Brihuega, carecía de licencia de actividad y de funcionamiento: solo tenía una autorización municipal para trabajar como “despacho de billetes, sala de espera, cafetería y administración de autobuses”. Una circunstancia de la cual los “acusados eran perfectos conocedores”, dice el escrito del fiscal, porque en 1990 se reconoció el carácter provisional de las instalaciones.

El fiscal considera que los hechos son “constitutivos de un delito de prevaricación ambiental”. Por ese motivo, pide para los dos acusados un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y una multa de 15 euros diarios durante 15 meses, entre otras medidas.

“No tiene sentido que nos denuncien de forma personal, porque las competencias son de la Consejería de Transportes”, replica Isoldi. El concejal añade que ellos mandaban las quejas de los vecinos al Consorcio Regional de Transportes, además de proponer que se aplicaran medidas paliativas, como que los autobuses apagaran los motores. “También intentamos llevar el intercambiador a unos hangares, pero el resto de los grupos lo rechazó”.

 

“Omisión consciente”

 

El escrito de fiscalía sostiene, sin embargo, que “omitieron de forma consciente sus obligaciones”, porque permitieron su funcionamiento sin que se respetaran los límites de emisión de ruidos. Y ello, “a sabiendas de las molestias que estaban ocasionando por los ruidos a los vecinos incluso en horario nocturno”. El nivel de ruido permitido se llegó a superar hasta en 24 decibelios y en periodo de noche hasta en 32, según las mediciones realizadas.

Los vecinos padecieron los ruidos “de día y de noche, todos los días de la semana”, continúa argumentando el fiscal. Llegaron a utilizar las instalaciones en periodo de mañana hasta 152 autobuses al día, y hasta 30 por la noche. Estos vehículos se mantenían “al ralentí” de forma sistemática, y con elementos auxiliares como los compresores de acondicionamiento de aire encendidos, relata el fiscal.

“No consta que ninguno de los vecinos afectados llegara a sufrir lesión alguna”, concreta el documento judicial. Pero la exposición continuada a niveles elevados de sonido, según la OMS, “ocasiona perturbación del sueño, efectos cardiovasculares, liberación de hormonas del estrés, alteraciones en el rendimiento laboral y escolar”, añade.

Isoldi explica que la denuncia lleva en marcha desde 2012. “A mí me llamaron en marzo de 2016 y ahora nos encontramos con esto. Realmente no lo entiendo, porque nosotros no tomamos ninguna decisión personal. Todo pasa por junta de gobierno y, además, tampoco teníamos competencia en ello”, insiste. Fernández ocupó el puesto de concejal de Movilidad y Medio Ambiente desde principios de 2010 a julio de 2012, fecha en la que le sustituyó Isoldi hasta julio de 2014.