La Policía Municipal no recuperará a los antidisturbios pese a un fallo judicial

La Policía Municipal no recuperará a las Unidades Centrales de Seguridad (UCS, los antidisturbios) pese a que una reciente sentencia judicial declaraba la ilegalidad de su disolución. Los sindicatos han criticado la actitud del concejal de Seguridad, Javier Barbero, mientras el Ayuntamiento mantiene que estas unidades estaban desarrollando competencias que no tenían asignadas por ley.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) demandó al Ayuntamiento de Madrid por la disolución de las UCS (había dos) de manera unilateral el 6 de abril de 2016. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Madrid dio la razón a este sindicato.En opinión del magistrado, el Consistorio modificó la relación de puestos de trabajo (RPT) sin contar con “el procedimiento sobre la negociación colectiva, sin citar al sindicato actor [CSIF] y a todas las organizaciones sindicales que proceda”. El juez también obliga a pagar los 340 euros brutos que cobraban los agentes al mes por pertenecer a estas unidades.

El concejal de Seguridad anunció la semana pasada que el Ayuntamiento acatará la sentencia, pero que no reorganizará las unidades centrales. De hecho, su disolución ha sido uno de los objetivos prioritarios del edil desde que accedió al puesto. Siempre mantuvo que estos agentes realizaban funciones que estaban fuera de su cometido. Puso como ejemplo los desahucios, pese a que estos actúan por orden judicial.

Por su parte, el CSIF insiste en que la sentencia obliga al Ayuntamiento a volver al momento anterior a la disolución de esta unidad de antidisturbios, una vez que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han decidido no recurrir este fallo.

La disolución de la UCS-1 se realizó en cuestión de semanas y con la única opción a sus 150 integrantes de que se pasaran a los distritos. Se mantuvo la UCS-2, reforzada con algunos agentes de la unidad 1, pero con un número de funcionarios insuficiente para atender todas las demandas de refuerzo de seguridad que requiere una ciudad como Madrid, como han denunciado los sindicatos del cuerpo.

Los agentes que se quedaron sin sus puestos se sintieron agraviados y gran parte de ellos ni optaron a los exámenes para la unidad de apoyo a la seguridad (UAS), que ha sustituido a las UCS, pero con menos competencias. Y en breve, con peores medios. Las furgonetas que han utilizado hasta ahora serán sustituidas en unos meses por vehículos que carecen de protecciones para las lunas, como ocurre con las actuales, según ha criticado la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU).

Las calificaciones de los exámenes de acceso, criticados por su marcado carácter político, todavía no se han publicado, pese a que se celebraron en junio. “Desde APMU consideramos que la UAS y algunas unidades de distrito se encuentran a su limite de capacidad operativa y de dar un servicio adecuado a los ciudadanos por la falta de personal”, afirma Carlos Bahón, el portavoz de este sindicato.

El Ayuntamiento responde diciendo que el modelo policial actual se basa “en lo preventivo, en la proximidad a la ciudadanía, en la mediación, antes que en lo reactivo”. En caso de conflicto, está la UAS, cuya misión fundamental es “reaccionar inmediatamente ante sucesos que requieran una respuesta rápida y contundente, como derrumbamientos, rescates o aseguramiento del espacio público”.