Boadilla lleva al Supremo la batalla por los caminos de los Fitz-James Stuart

La lucha en torno a varios caminos que discurren por la finca Romanillos, de 823 hectáreas de bosque mediterráneo situada en los términos municipales de Boadilla del Monte y Majadahonda, comenzó en 2013. Los propietarios cerraron el acceso a los viandantes que los usaban, iniciando una pelea judicial para dilucidar a quién pertenecen. La Asociación de Amigos de los Caminos denunció el cierre y Boadilla inició una demanda judicial.

Desde entonces, las sentencias han sido favorables a los hermanos Fitz-James Stuart y Gómez. Los dueños del terreno afirman que son vías privadas y tienen derecho a cerrarlas. A pesar de los reveses, el Consistorio boadillense, gobernado por el PP, no ha cejado en su empeño de demostrar lo contrario. Ahora lo hace ante el Supremo, con un escrito que aúna un recurso extraordinario por infracción procesal y otro de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el pasado 6 de julio.

Uno de los argumentos municipales refuta que Boadilla no haya “realizado acto alguno que permita inferir la naturaleza pública de esos caminos”, según indica uno de los fallos judiciales. En opinión de sus letrados, “los caminos son bienes de dominio público de los denominados naturales”, lo que implica que no es necesario que se emprenda un procedimiento expreso para probar la titularidad. Boadilla siempre ha mantenido que los cinco trayectos afectados son públicos desde “tiempo inmemorial”. El dictamen que ahora recurre el Consistorio ha “ignorado el carácter inalienable e imprescriptible por razón del destino de interés general” de ese tipo de bienes, añade el recurso.

Los dueños defienden la titularidad privada de los caminos debido a que así constan “en el título registral del coto, procedente del mayorazgo fundado en 1562, a excepción del Cordel Segoviano, que nunca ha sido deslindado, amojonado y señalizado por parte de la Administración, tal y como exige la ley”.

El Ayuntamiento no discute que el procedimiento para inscribir los caminos como fincas independientes se iniciara tarde, en 2007. Pero considera que esa “pasividad o demora” municipal no puede tener el significado que le asigna la sentencia. El recurso apela en este sentido al carácter de bien inalienable e imprescriptible de unos caminos que, en su día, comunicaban poblaciones.