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Medidas correctoras

Efectivamente, hay recorrido de mejora en inteligencia y cooperación, en seguridad y entrenamiento

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, junto al consejero Joaquim Forn.
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, junto al consejero Joaquim Forn.

Profesionales, empresarios y gestores de administraciones públicas tienen derecho a mejorar sin temor de que la ley les persiga si lo consiguen. Y es que solo porque (algunos) se vuelven más sabios cuando se hacen más viejos y experimentados, no quiere decir que antes fueran estúpidos. En países tecnológicamente avanzados esta máxima de sentido común ha llegado al derecho. Así, en los Estados Unidos de América, cuando una persona o una organización adoptan medidas que habrían reducido la probabilidad de un daño que ya ha ocurrido, la prueba de la adopción de la medida correctora no es admisible para probar la culpa o negligencia de quien mejoró las cosas (Rules of Federal Evidence, regla 407).

La idea de fondo es sencilla: hay que animar a los profesionales a que mejoren sin miedo a ser perseguidos, o, por lo menos, no hay que desanimarles a hacer por que las cosas mejoren. Las mejoras efectivas no son ningún reconocimiento de culpa. Todos (o casi todos) aprendemos del pasado, de nuestras limitaciones o imperfecciones, todos podemos llegar más allá del lugar donde estábamos ayer y el hecho de que hagamos las cosas mejor que antes no quiere decir que anteayer fuéramos un desastre.

Valga lo anterior por las medidas policiales y de inteligencia cuya adopción se nos puede ocurrir a toro pasado y a cualquiera de nosotros después del atentado terrorista de Barcelona el 17 de agosto pasado.

Sí, ahora es obvio: conviene hacer pasar por filtros de seguridad antiterrorista casas, pisos y locales cuya posesión cambia de manos, con derecho o sin él (pero solo de seguridad, que todo lo demás no cuenta, no debe hacerlo). Luego: una explosión de gas no suele echar abajo una casa entera, ni deja un herido sospechoso, ni docenas de bombonas de butano a la vista. También hoy: en Roma, París o en Londres, muchos accesos a lugares públicos o a monumentos históricos tienen instalados obstáculos antiatropello. Más: ignoramos cuántos policías estaban de servicio en La Rambla el 17 de agosto a las cuatro y media de la tarde, sabemos que la camioneta del asesino zigzagueó por el paseo central más de medio kilómetro y que se detuvo, sin un impacto de bala, solo porque saltó el airbag. Del mismo modo que nos consta que su conductor (Younes Abouyaaqoub) salió del vehículo sin que nadie le detuviera y, que al poco pudo matar, asesinó a otra persona inocente (Pau Pérez, madre mía, qué inmensa pena) sin mayor problema. También se nos pueden ocurrir bastantes medidas para cercar y acabar de cansar a un terrorista exhausto (Younes de nuevo) o, huido desde hacía cuatro días, en medio del campo y sin tenerlo que matar a tiros, que este ya no contará nada a ningún juez. Efectivamente, hay recorrido de mejora en inteligencia y cooperación, en seguridad y entrenamiento.

Sin embargo, el que podamos mejorar y lo consigamos no implica que las cosas se hayan hecho mal, con culpa de unos y de otros. En este país, como en todos, los profesionales hemos de saber aprender del pasado, trial and error, pero aun y así aparecerán nuevos retos y difícilmente conseguiremos el cien por cien de aciertos. Tampoco vale centrarse en las cinco cosas que cabía mejorar, dejando a un lado las noventa y cinco que se hicieron bien (95 % de aciertos).

Por último, los profesionales también sabemos que todo puede politizarse, utilizarse en la refriega política, para mejor en muchos casos, pero también para armar ruido, en tediosa sucesión inconexa de tweets, a ver quién la dice más tremenda. Mas, al final, las gentes, cuando tenemos un problema de verdad, buscamos al médico, al abogado, al policía. Y entonces queremos encontrar a alguien que no nos prometa cambiar el mundo, el país o la bandera: queremos simplemente que trate de resolver nuestros problemas, que responda a nuestras preguntas, que nos ayude en nuestra necesidad. Sabemos que no siempre acertará o que mañana llegará más lejos. Pero confiamos en que se comporte profesionalmente. Cierto: los Gobiernos —los políticos— tienen que mandar sobre su policía y no esta sobre aquellos, pero un buen gobernante nunca habrá de olvidar que el político pasa, pero la policía queda. Son profesionales.

Los juristas podemos defender a nuestra policía urgiendo la adopción de una doctrina o de un texto legal como el que les he citado al inicio de este artículo. Pero yo no soy negligente por no haberlo propuesto antes. Aunque, ciertamente, podría haberlo hecho. Desde luego. Mil perdones.

Pablo Salvador Coderch, catedrático de derecho civil Universitat Pompeu Fabra.