Cifuentes cede una vivienda social a la familia que llevaba dos meses acampada
La Comunidad traspasa la casa a una ONG para que esta se la entregue al matrimonio sancionado por ocupar dos pisos
Después de acampar durante más de dos meses bajo el sol de Madrid, Lidia Romero, Santiago Ruiz y sus cuatro hijos menores han cambiado el techo de su tienda de campaña por una casa de verdad. La Comunidad de Madrid les ha entregado este viernes una vivienda que será gestionada por la ONG del padre Ángel, Mensajeros de la Paz, debido a que el Gobierno regional no se la puede conceder directamente porque están sancionados por ocupar viviendas protegidas. No es el único caso que se ha producido en Madrid de cesiones con "intermediarios". De hecho, el Gobierno de Cristina Cifuentes tiene cedidas 321 viviendas sociales en régimen de arrendamiento a 68 entidades y asociaciones humanitarias con el fin de que se usen para beneficiar a familias en situación de extrema vulnerabilidad social y sortear así las largas listas oficiales.
En concreto, debido a que Romero y Ruiz ocuparon dos viviendas durante más de un año, primero en una casa en la calle del Quince de Agosto y posteriormente en otra de la calle de Salvador Allende, la Comunidad los sancionó con dos años sin poder optar a una vivienda social a través de la lista de peticionarios de vivienda. Por lo que la única manera que tenían de acceder a una vivienda era a través de las que están destinadas para las ONG y asociaciones humanitarias.
El periplo familiar comenzó cuando Santiago perdió su trabajo en la planta de Coca-Cola de Getafe y, al no poder pagar los 700 euros de alquiler, fueron desahuciados de su casa en el barrio de Orcasitas. Tras dormir seis días en un albergue concertado con el SAMUR social en Vallecas y pasar una temporada en la casa de la abuela de Romero, decidieron ocupar. "Yo no quería hacerlo, sabía que si lo hacía me sancionarían sin poder presentarme a concurso para una vivienda", contó el matrimonio a EL PAÍS el pasado junio cuando iniciaron la acampada. Tras dos meses de protesta a la intemperie (los niños siempre vivieron con la abuela), la familia tiene un nuevo hogar donde poder vivir.
Toda la gestión de la vivienda ha sido realizada por la Comunidad de Madrid, a pesar de que el Ayuntamiento de Manuela Carmena se había reunido anteriormente con la familia y les había prometido una solución.
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