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El festival Alrumbo suspende los conciertos a dos días de la apertura

La organización habla “de trabas administrativas” y el Consistorio de Chiclana les acusa de “mentirosos e informales”

Jesús A. Cañas

La cuenta atrás oficial comenzó en sus redes sociales con un mes de antelación. Llegó hasta el cuarto día con sugerentes vídeos y sorteos. Pero ayer, a dos días del inicio de Alrumbo Festival en Chiclana de la Frontera (Cádiz), ha llegado el jarro de agua fría: la organización ha decidido suspender su edición 2017 que debía comenzar este próximo lunes y terminar una semana después. “Un sinfín de trabas administrativas”, esa ha sido la excusa de los organizadores en un extenso comunicado, publicado esta mañana en su web y redes sociales, en el que han llegado a acusar al Consistorio chiclanero de hacerles pasar unos últimos meses de “auténtico infierno”. Con la polémica servida, el alcalde de Chiclana, José María Román (PSOE), y dos de sus concejalas no han tardado en responder en una rueda de prensa convocada también esta mañana en la que han acusado a los organizadores de “mentirosos e informales”.

La suspensión ha pillado desprevenidas a las 20.000 personas que ya habían comprado sus entradas con precios comprendidos entre los 45 y los 90 euros. Aunque los organizadores han asegurado que devolverán el dinero de las entradas, la página oficial de Alrumbo Fest en Facebook se ha llenado de centenares de comentarios criticando la decisión y exigiendo una compensación por los gastos de alojamiento ya abonados. "A pesar de contar con todos los informes favorables de autoridades, instituciones, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como con más de 20.000 entradas vendidas hasta el día de hoy, una inesperada notificación recibida este viernes nos paraliza durante los siguientes cinco días toda actividad y nos imposibilita abrir nuestras puertas en la fecha anunciada", ha informado Alrumbo en su comunicado.

La organización se ha referido a la notificación que recibieron el ayer viernes sobre la apertura de un trámite de audiencia a instancia de terceros, de cinco días hábiles, “que paraliza durante una semana la concesión de la licencia de apertura del festival”. Para ellos, ha sido la última traba de unos últimos meses llenos “de los hechos más insólitos y las situaciones más desagradables” en la ciudad en la que nació el festival en 2010 y a la que volvían este año, tras celebrarse en distintas localidades de Cádiz en los últimos cuatro años. De hecho, hasta el propio Román incluyó en su último programa electoral el regreso del festival a su ciudad. Para la que debía ser la edición del regreso estaba anunciada la actuación de SFDK, Mala Rodríguez, Chambao o Amparanoia.

Pero la aparente buena sintonía entre ambas partes ha saltado por los aires en la mañana de hoy. Desde Alrumbo han hablado de “un sinfín de trabas administrativas, exigencias continuas de cambios en los proyectos y la documentación presentada, y errores insólitos en sus juicios y actuaciones”. Por su parte, Román ha eludido responsabilidades y ha apuntado a “problemas internos de la propia organización y con proveedores” como motivos reales de la suspensión. “Lo que ha ocurrido es que la documentación administrativa para cerrar el expediente ha ido llegando a cuentagotas e incompleta, pese a las advertencias de los delegados y técnicos municipales”, explicó el alcalde, quien ha añadido que “no hace falta decir que la Ley hay que cumplirla”.

“Ellos son los únicos responsables de que Alrumbo no se celebre en Chiclana, porque tenían la decisión tomada de no celebrarlo desde hace varias semanas. Un dato objetivo es que el viernes, a tres días de comenzar el festival, no se había montado absolutamente nada en la parcela”, ha criticado la concejala chiclanera Cándida Verdier ante un evento que tenía previsto reunir a 15.000 personas en la zona de acampada y 25.000 personas en la zona de escenarios. A todos ellos, la organización ha prometido devolver el dinero “según los cauces habituales y en los plazos establecidos por la ley”. Además, desde Alrumbo han dejado claro que se reservan "el derecho de tomar las acciones legales pertinentes, algunas de las cuales ya han sido denunciadas ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y judicializadas".

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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