El ‘Madoff catalán’ declara que hay políticos entre sus clientes

El empresario Antoni Mas, de 64 años, conocido como el Madoff catalán, ha declarado hoy ante la juez que entre su cartera de clientes, que ahora estarían atrapados en una estafa piramidal, había políticos. Pero Mas no ha aportado los nombres, alegando que únicamente trataba con comisionistas que a su vez buscaban a los inversores, según fuentes judiciales.

Mas fue detenido el pasado 6 de junio por los Mossos d'Esquadra acusado de liderar una estafa piramidal en la que puede haber más de 500 víctimas, por un valor que supera los 200 millones. Pero antes de eso, Mas ya presentó a la policía catalana diversos escritos confesando su actividad delictiva y cómo había elaborado facturas falsas para conseguir inversores, ofreciéndoles un elevado rendimiento. Él lo bautizó como un "carrusel de facturas".

Su detención se precipitó después de que la empresa de créditos Finalter, vinculada al fondo de inversión Auriga, detectase que parte de los bonos de deuda que había emitido en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) tenía "vicios ocultos" que afectaban a su validez. Mas había vendido deuda de terceras empresas a Finalter con facturas falsas. La compañía denunció la situación.

En su declaración ante la juez, el empresario ha acusado a su exsocio Luis Pascual Franquesa, hijo del exjuez Estevill (condenado en uno de los casos de corrupción más importantes de los años 90), de usar la misma operativa sustentada en la falsedad documental. Ya en su declaración como detenido ante la policía catalana señaló a Pascual como la persona que le introdujo en la falsificación de contratos de campañas de publicidad para buscar inversores.

Y lo hizo, según él, en un momento en el que agobiado por las deudas aceptó un trato con Pascual por el que recibía 10 millones de euros, supuestamente del piloto de motociclismo Sete Gibernau. Para poder disponer de ese dinero, Pascual le pedía que firmase un contrato de préstamo con su empresa Publipro para poder financiar campañas publicitarias "que eran ficticias, lo cual era sabido por ambas partes", según Mas. "Sabían perfectamente que el negocio no obedecía a la realidad", añadió. Mas pagaba una rentabilidad del 15% trimestral.

Mas y Pascual mantienen diversos litigios y denuncias cruzadas. En una de ellas, el empresario sostiene que el hijo del juez le había enviado a unos sicarios a su despacho y habían enviado mensajes amenazantes a su familia para que así devolviese la inversión que supuestamente había hecho Gibernau. 

Mas, defendido por el abogado penalista Manuel González Peeters, ha señalado desde el principio a intermediarios y terceras personas, en su mayoría comisionistas, que buscaban a inversores o grupos de inversores, con el gancho de un alto rendimiento, que rondaba un 15% trimestral. En las extensas confesiones apuntó a dinero de dudoso origen de un empresario ruso,Vladimir Sakovich, al que llegó a través del notario Enrique Beltrán, y al inversor suizo David Grebler. En ambos casos, según contó Mas, el dinero fue bloqueado porque su origen no estaba claro.