El conflicto de las colas en El Prat llegará a los tribunales

El colapso del aeropuerto de El Prat desde principios de mayo, con colas de hasta más de tres horas en los filtros, ha destapado las carencias de la policía en Cataluña y ha obligado al Ministerio del Interior a reaccionar rápidamente, sacando a 144 policías de distintas comisarías y colocándolos en el aeropuerto. Pero los sindicatos se quejan de que esa solución ha sido un “parche” y que se ha hecho a base de incumplir los derechos laborales de los agentes.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha anunciado que llevará a los tribunales a la Jefatura Superior de Policía por no respetar las vacaciones de verano de los policías de las cinco comisarías afectadas por la crisis de El Prat: Cornellà, Terrassa, Sabadell, Sant Adrià del Besòs y Mataró. “Se ha hecho una interpretación torticera y maliciosa de la normativa”, se queja Isabel Rodríguez, secretaria de la UFP en Cataluña. Hasta este momento, los agentes podían disfrutar de 22 días de vacaciones entre los meses de julio, agosto y septiembre. Con un mínimo de cinco días, podían repartirlos entre los tres meses siempre que se garantizase que quedase un tercio de la plantilla operativa. Ahora, según los sindicatos, se obliga a los agentes a cogerlo todo en un mes para garantizar el plan de refuerzo del aeropuerto.

“Hay un incumplimiento de la jornada laboral y presiones a los policías para que renuncian a sus derechos”, insiste Rodríguez, lo que afecta a la conciliación familiar. Algunos policías ya han recibido la respuesta negativa a su petición de vacaciones de los jefes de comisaría, alegando “necesidades de servicio”. El sindicato ha hecho el paso formal de presentar un recurso ante la Jefatura, que tiene 20 días para responder, y posteriormente recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también está estudiando la situación, que afecta a entre 300 y 400 policías, según explica su secretario general en Cataluña Luis Mansilla, de grupos de información y policía judicial y extranjería de esas comisarías. “Lo lógico sería hacer una comisión de servicio”, señala. Se refiere a una orden especial para reforzar un destino, como pasa por ejemplo en el paso del Estrecho en verano. Si no eligen esa fórmula, asegura Mansilla, es para ahorrar dinero.

“Quejas hay, pero las vacaciones están reguladas. A nadie se le está negado o prohibiendo cogerlas”, contrapone el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Sebastián Hernández. Y destaca también que el sindicato ha hecho una circular interna para que todos los policías tengan claros sus derechos. UFP insiste en que todo el refuerzo en El Prat se ha hecho sin poner de forma clara, negro sobre blanco, cuáles son las condiciones en las que se van los policías. “No saben por cuánto tiempo estarán allí ni cuánto cobrarán”, se queja Rodríguez. La Jefatura Superior ha declinado responder a las preguntas de este diario.