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El PSC recurre la reforma clave para aprobar la ruptura sin debate

Los socialistas elevarán a Garantías Estatutarias la reforma del proyecto del Parlament

Neus Munté, portavoz del Gobierno; el presidente Puigdemont y Carme Forcadell, este miércoles, en el hemiciclo.
Neus Munté, portavoz del Gobierno; el presidente Puigdemont y Carme Forcadell, este miércoles, en el hemiciclo. EFE

El Partit dels Socialistes anunció ayer en el Parlament que elevará al Consejo de Garantías Estatutarias el proyecto de ley de reforma del reglamento de la Cámara. Los grupos de la oposición temen que la mayoría independentista utilice la norma para aprobar por vía exprés y en lectura única la ley de transitoriedad jurídica, conocida popularmente como ley de desconexión. La mayoría independentista sostiene que el reglamento ha quedado desfasado y que debía actualizarse.

La norma superó ayer la fase de ponencia y sus impulsores prevén aprobarlo en comisión el próximo martes. Con ese calendario, Junts pel Sí y la CUP, que rechazaron todas las enmiendas de la oposición, aspiraban a que la reforma fuera aprobada en dos semanas pero ahora los plazos se demorarán previsiblemente un mes. El Consejo de Garantías Estatutarias emite dictámenes sobre proyectos de ley para saber si se adecuan al Estatuto y a la Constitución, aunque no son de carácter vinculante. El PSC puede presentar el recurso al cumplir el requisito de tener una décima parte de los diputados del hemiciclo (cuenta con 16 y en total son 135). Ferran Pedret, diputado socialista, afirmó que la reforma prevista por los grupos secesionistas implica avasallar los derechos de los grupos de la oposición, especialmente el desarrollado en el artículo 135 del reglamento.

La norma prevé en principio dos cambios destinados a facilitar la aprobación de la ley de desconexión. La primera propuesta de Junts pel Sí es aprobarla por lectura única y a petición de un solo grupo parlamentario cuando hasta ahora solo se puede tramitar si es a solicitud del Gobierno o bien de todos los grupos. La reforma también prevé que dos grupos puedan pedir sobre la marcha una alteración del orden del día sin que sea necesario que exista unanimidad del hemiciclo y que se habilite a partir del 15 de agosto, cuando se baraja la posibilidad de que se pueda aprobar la ley de la que pendería el referéndum.

Si se aprueba este reglamento será el que proporcione menos garantías y derechos a los diputados de toda España", dice Coscubiela

Ciudadanos no ha tomado una decisión, pero también sopesa elevar el texto al Consejo de Garantías Estatutarias. Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot, también sostiene, en la línea de los socialistas, que la reforma proyectada implicará que el Parlament sea la Cámara de España que proporcione menos “derechos” y “garantías” a los diputados. Y citan un caso: en todas se exige unanimidad de los grupos para forzar un cambio del orden del día.

Junts pel Sí y la CUP coinciden en señalar que todas las críticas de la oposición son excusas para no afrontar el conflicto real de aceptar que la mayoría del hemiciclo ha aprobado resoluciones y tiene la firme voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación antes de final del mes de septiembre. La ley de desconexión es por ahora una incógnita y quedan dudas acerca de la legalidad en la que se ampararía teóricamente la consulta: si sobre ella o bien sobre otra explícitamente destinada al referéndum. Las diferencias entre Junts pel Sí y la CUP no están centradas en el proceso y se centran en que los anticapitalistas quieren que se suspenda de forma automática durante tres meses a un diputado cuando se le abre un proceso judicial.