La PAH paraliza el desahucio de siete familias en Barcelona

Medio centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han conseguido suspender, este miércoles, el desahucio de siete familias —33 vecinos, nueve de ellos menores— que viven en el 102 de la calle Villarroel de Barcelona. El edificio pertenecía a la aseguradora Cahispa, que alquilaba los pisos. La entidad desapareció y los activos acabaron en manos de CaixaBank. “En 2013 alguien me dijo que aquí había pisos vacíos. Yo estaba en la calle y tuve que meterme”, recuerda Angélica. Ella fue la primera que ocupó un piso. Después lo hizo su hija, Petronila Pino, y el resto de familias.

El inmueble es peculiar porque no todos los pisos tienen orden de desalojo. Hay dos pisos con inquilinos que pagan el alquiler y otros seis donde se instalaron okupas que deben marcharse por mandato judicial. Además, otra familia ocupa la antigua portería. No hay buena relación entre las partes. Por un lado, la portavoz de los que accedieron a los pisos tras dar una patada en la puerta, Petronila Pino. Por otro, las vecinas que abonan el alquiler regularmente, quienes aseguran "estar viviendo un calvario".

Estas últimas, las inquilinas, prefieren el anonimato. Una de ellas es clara: “Estoy deseando que les echen, llevamos años de infierno. Un día ves que ocupan un piso y no dices nada porque todo el mundo tiene derecho a vivir. Después otro y al final okuparon seis pisos, un local y hasta la antigua portería”, lamenta. “Sólo les pedí convivencia y respeto, pero ni eso hay. Alguien ha roto luces en la escalera, tiran condones a la terraza, hay fiestas continuas, han pinchado los suministros del gas. Es peligroso vivir aquí”, sentencia. La mujer asegura también que alguno de los ocupas ha alquilado habitaciones a otros y lamenta la situación con la que convive diariamente. “Estoy deseando que se aclare todo. Necesito que finalice este infierno que me ha obligado a instalar cámaras y alarmas en casa”.

Mientras la inquilina denuncia excesos, cada vez es mayor el número de personas que se concentran en las puertas del edificio. El portavoz de la PAH, Carlos Macías, resume la situación: “El lunes vino una familia a una reunión de la PAH y nos explicó que hoy estaba programado el desahucio de siete familias con niños. Intentamos pararlo, pero desde el juzgado se negaron”.

Una pareja de los Mossos d’Esquadra explica a la portavoz de los ocupas que la comitiva judicial quiera hablar con ella. Y le anuncia que ante la presencia de tantas personas es imposible proceder al desahucio, que se suspende. Petronila estalla de alegría y se abraza con la mayoría de los presentes, entre los que se encuentran la concejal de la CUP en Barcelona, María José Lecha. “No me he quedado en la calle, sé que mañana me pueden echar pero hoy hemos ganado la batalla”, asegura Petronila, quién añade: “La mayoría no hemos actuado antes porque teníamos miedo a que los asuntos sociales nos quitaran a nuestros niños. Hay una pareja que tiene un bebé de sólo un mes”.

Un portavoz de CaixaBank confirma que todo el edificio es propiedad de la entidad. El banco asegura que la petición de desahucio sólo afecta a los pisos ocupados y no a los dos que abonan mensualmente el alquiler. "No se trata de un caso de impago de hipoteca o alquiler sino de una ocupación, que es muy diferente. Además, causa conflictos en la comunidad". Aún así, dicen, les preocupa la situación de vulnerabilidad de algunos de los ocupas y han ofrecido al Ayuntamiento una "solución habitacional transitoria" para ellos.