Colau, muchos frentes abiertos, poca concreción y un malestar creciente

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llega al ecuador del mandato con muchos frentes abiertos (fruto de la ambición de cambio de su programa electoral); poca concreción (en parte porque los grandes planes aprobados son a largo plazo) y un malestar ciudadano creciente en las dos grandes cuestiones que les auparon al gobierno de la ciudad: los problemas vinculados con la vivienda (siguen los desahucios y el alquiler toca techo) y el turismo (cada vez más protestas).

Internamente, el balance es positivo: en el equipo de la alcaldesa celebran haber cambiado la agenda política y haber aprobado grandes planes (como el de hoteles, que les ha costado cien demandas de empresarios, para gobernar el turismo; o el de vivienda, para hacer alquiler social). Y presumen de ser pioneros en detectar fenómenos (la burbuja del alquiler, la necesidad de acoger refugiados) y ser faro para otras administraciones, como los alcaldes metropolitanos o la Generalitat. Pero admiten que la maquinaria municipal es más lenta de lo que esperaban y que hay cuestiones que no son competencia del Ayuntamiento y no pueden resolver.

Dos años después de ganar las elecciones contra pronóstico, se han calmado tanto las voces que predicaban el apocalipsis como las que celebraban la revolución, pero la incógnita es qué serán capaces de acabar hasta mayo de 2019. Y si, por mucho que inviertan en políticas sociales o las reorienten, lograrán responder a la creciente brecha social, en uno de cuyos extremos estaban buena parte de sus votantes.

Hoy se cumple el segundo aniversario de las elecciones que ganó la candidatura que encabezó la entonces activista Ada Colau. Barcelona en comú superó en solo 17.000 votos al ex alcalde Xavier Trias (CiU), el primer alcalde conservador que tiene la ciudad en democracia y que solo gobernó un mandato. De las elecciones resultó el consistorio más fragmentado de la historia de la ciudad: siete partidos (y ahora, fruto de la ruptura del rebautizado PDeCAT, un concejal adjunto).

Colau fue investida por mayoría absoluta con los votos de toda la izquierda (PSC, ERC y CUP). Gobernó el primer año en minoría y desde mayo de 2016 tiene al PSC de socio. La alianza con los socialistas aligera de trabajo a la alcaldesa y sus 10 concejales y da visibilidad a los cuatro ediles que lidera Jaume Collboni.

La semana pasada, en una entrevista en este diario, el alcalde accidental durante la baja de maternidad de Colau, Gerardo Pisarello, valoraba la entrada del PSC en el gobierno. “Nos ha dado visibilidad, hemos aprendido unos de otros y en términos generales hay una visión común en temas centrales”, afirmaba y aseguraba que son “complementarios en políticas económicas de innovación y promoción de la ciudad”. “Era importante lanzar el mensaje y la coalición ha ayudado”, concluía.

Collboni, por su parte, subraya la “estabilidad” del gobierno de la ciudad frente a la de la Generalitat o el Gobierno español. Defiende que su presencia “ha evitado el bloqueo de la acción de Gobierno” y celebra que juntos estén poniendo “las bases para el relanzamiento económico y social de la ciudad”. Collboni recuerda que los indicadores de creación de empleo, nuevas empresas o turismo son positivos. “Pero el reto es aterrizarlo en la vida cotidiana”, admite quien ha asumido cómodamente las carteras de promoción económica y cultura.

Pese a la minoría en la que gobiernan BComú y el PSC, los dos primeros años de mandato han transcurrido con una oposición ausente. Además, por aritmética política imposible, el PSC en el ejecutivo neutraliza cualquier intento de desbancar a Colau. Una falta de alternativa que permitió a la alcaldesa superar sin pestañear una cuestión de confianza para aprobar el que podría ser el único presupuesto propio del mandato. Mientras, el gobierno municipal ha llegado a acuerdos tanto con la izquierda como con la derecha: pactó el plan de hoteles con ERC y el de Vivienda con el PDeCAT y Ciutadans.

Justo la semana pasada algunos partidos de la oposición se pusieron las pilas e iniciaron la precampaña electoral. El PDeCAT, que todavía no tiene candidato para 2019, ha puesto en marcha una web para recoger propuestas ciudadanas.

Y el jueves pasado, el líder de ERC en el Ayuntamiento, Alfred Bosch —el único que nunca ha dejado de afirmar que será alcalde de Barcelona— se adelantó a otros grupos y valoró el ecuador de mandato. Dibujó una ciudad donde aumenta el incivismo, repasó los fracasos y promesas no cumplidas de Colau, criticó el pacto con el PSC —“los de siempre”—, que se guíe por “intereses de partido” y se atribuyó haber conseguido retomar las obras del metro a la Zona Franca o el anuncio del cierre de la Modelo, dos cuestiones que situó como condiciones en negociaciones con Colau. Bosch acabó asegurando que hoy no volvería a votar su investidura.

Por parte de Ciutadans, Carina Mejías considera que Colau es “incapaz de gestionar Barcelona” y lo “intenta tapar con decisiones ideológicas”. Mejías sostiene que “se han frenado inversiones con criterios absolutamente arbitrarios” y que “tampoco se han impulsado medidas para paliar las desigualdades” ni se han sabido gestionar conflictos como los del metro o las terrazas: “Evidencia una clamorosa falta de voluntad política para alcanzar acuerdos”, concluye.

Desde la CUP, donde se autodefinen como “la oposición de la oposición”, la edil Maria José Lecha es también muy crítica: “Barcelona en comú ha demostrado que es un gran fraude para el cambio que prometían a los vecinos y vecinas, rubricado por las políticas del PSC”. Lecha denuncia que el ejecutivo “silencia” el discurso de la CUP, “porque marca el discurso por la izquierda”; e “incumple” los acuerdos alcanzados.