Arranca el juicio contra el más célebre piloto de planeadoras del narcotráfico gallego

Rafael Bugallo Piñeiro, alias O Mulo, de 59 años, uno de los más importantes jefes del transporte de cocaína en Galicia e histórico piloto de planeadoras del narcotráfico gallego, afronta este lunes su primer proceso judicial en España, junto a 13 presuntos miembros de su organización. Acusado de organizar el desembarco de 3,6 toneladas de cocaína apresadas en agosto de 2008, el fiscal pide para Bugallo, que trabajó para todos los grandes capos gallegos, 17 años de prisión y multa de 600 millones de euros.

Encarcelado por otro transporte de 1.200 kilos capturado en diciembre de 2015, Rafael Bugallo fue hasta su detención de entonces uno de los traficantes más perseguidos por la policía, que fue arrestado por primera vez en Portugal a mediados de los años noventa. El alijo de 2008  por el que será juzgado ahora apareció fondeado con balizas en la entrada de la ría de Vigo después de que surgieran problemas de coordinación entre los tripulantes de la lanzadera y los hombres que les esperaban en tierra.

Valorado en 120 millones de euros, el alijo de 3,6 toneladas fue rescatado del mar y la lancha fue varada en la playa de A Lanzada (O Grove) donde su tripulación le prendió fuego antes de huir para no dejar huellas. Meses después de aquella descarga frustrada, la Fiscalía Antidroga de Pontevedra implicó a Rafael Bugallo en la operación, aunque quedó en libertad provisional y aún tardaría siete años en volver a ser detenido.

En la vista que se celebrará hasta el viernes en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, el nuevo fiscal del caso, Pablo Varela, solicitará para el acusado que se le prohíba durante quince años cualquier actividad relacionada con la navegación, tanto profesional como lúdica, una vez que se haya extinguido la condena que le imponga el tribunal.

La medida cautelar propuesta por el Ministerio Fiscal también se hace extensiva para el resto de los acusados que se enfrentan a penas de entre 15 a 17 años y multas que suman 7.800 millones de euros. También todos los procesados tendrán que indemnizar al Estado con 11.5000 euros por los gastos que generó el rescate de la lancha quemada y su traslado a un depósito judicial por parte de los servicios de Emergencias del Ayuntamiento de O Grove.

El escrito de acusación detalla los problemas de logística que torcieron el desembarco en 2008 del cargamento, uno de los mayores apresados en Galicia en la pasada década. El armador del pesquero que iba a proveer de combustible a la lanzadera que tenía que recoger la droga del barco nodriza en altamar, había plantado a Bugallo a pocas semanas de la descarga.

La lanzadera de casi 15 metros de eslora zarpó la madrugada del 10 de agosto para realizar el transporte de cocaína, mientras el procesado Gustavo Adolfo Agudelo Castro, un militar colombiano reclutado por Rafael Bugallo, se coordinaba por radio desde Vigo con sus tripulantes a los que daba el parte de los movimientos de las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Dice el fiscal que en la puesta a punto de la embarcación intervinieron los gallegos José Antonio Búa Padín y Luis Miguel Fajardo Vázquez, hombres de máxima confianza de Bugallo. Mientras la lancha enfilaba el océano, el pesquero Ratonero, que en 2012 fue apresado con otro cargamento, tripulado por José Luis Devesa, salía del puerto de O Grove cargado con más de 2.000 litros de gasolina para abastecerla de combustible.

La organización esperaba la llegada de la embarcación rápida cargada de cocaína el 14 de agosto pero esta tardó un día más en regresar, lo que llevó al traste la operación. Debido a un fallo en las comunicaciones, los que esperaban en tierra para alijar la droga no pudieron enterarse de que la lanzadera llegaría con retraso. Cuando la lancha llegó nadie les estaba esperando y los tripulantes optaron por fondear la cocaína cerca de cabo Silleiro, aunque no contaban con ser descubiertos por Aduanas.