La oposición critica las concesiones que fija la Ley catalana de Puertos

Hace un año que el Parlament tramita la Ley de Puertos y, aunque todo apunta a que saldrá adelante, su contenido aún genera dudas entre los distintos grupos. Los partidos reconocen que la renovación de las infraestructuras es necesaria pero critican que la Generalitat impulse un modelo que termine promoviendo la náutica de lujo. El Govern quiere ceder gran parte de la gestión a las empresas concesionarias, que ven en las naves de gran eslora una oportunidad de negocio.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ve un filón en los puertos, y quiere mejorarlos para atraer inversión: un estudio de la Universidad de Barcelona, con datos de 2014, indica que los 45 puertos que gestiona Cataluña facturan 992 millones de euros anuales y generan 9.000 empleos. Estos datos no incluyen los puertos de Barcelona y Tarragona, que son competencia estatal. La Generalitat gestiona 32.988 amarres, un 9% de los cuales son para barcos de más de 12 metros.

Pero ante la gran demanda de amarres para embarcaciones de lujo, el texto propone unificar la gestión de los 45 puertos y renovar las infraestructuras para dar cabida a barcos más grandes. Con el objetivo de aumentar la inversión, el proyecto de ley plantea simplificar el proceso de concesiones, y esto genera las dudas de partidos como la CUP o Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP). “Queremos una ley que proteja la convivencia entre los diferentes usos portuarios y, con este proyecto, las actividades más populares como la pesca o la náutica recreativa quedan en un segundo plano”, denuncia Sergi Saladié (CUP) y que pronostica un voto negativo.

Los responsables de la Federación Catalana de Vela trasladaron durante su comparecencia en la comisión que tramita la norma su preocupación ante la pérdida de autonomía. “La Generalitat solo gestionará las actividades no lucrativas, mientras que las que generan dinero irán a cargo de las empresas concesionarias”, añade Saladié. Junts Pel Sí afirma que con la nueva norma, se pasará de una ley pensada para crear infraestructuras a una normativa enfocada hacia la innovación, la sostenibilidad y la optimización de los recursos.

“Hacía falta ordenar el sector, pero nuestra apuesta es que cada puerto quede muy integrado a su ciudad, tanto urbanísticamente como desde el punto de vista de la gobernanza: no puede quedar en un régimen totalmente privado”, afirma Hortènsia Grau, diputada por CSQP. El PSC, por su parte, considera que las concesiones no pueden ser muy largas.

Grau pide establecer los parámetros para garantizar una adaptación medioambiental. Los representantes de la Plataforma para la Calidad del Aire, que también han comparecido en comisión, creen que el proyecto “no regula la limitación y el control de las emisiones contaminantes de los barcos”. Ven un modelo “insostenible” por la presencia de cruceros y grandes yates, y recuerda la normativa europea, especialmente el límite máximo del 0,5% de contenido de azufre de los combustibles, un objetivo marcado para 2020.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo del PP y ya superó una enmienda a la totalidad de Ciudadanos, que consideran que el texto “pone por delante los intereses procesistas más que los intereses de los puertos”. La diputada Marina Bravo (C`s) considera que el consejero Josep Rull presentó este proyecto como una “estructura de Estado” enmarcado en el proceso independentista. De igual manera se ha expresado el PP, aunque en su caso alaban la propuesta por la búsqueda de una gestión óptima de los puertos, que pasa por dar cabida a la demanda de amarres de lujo.