Gobierno y ‘comunes’ mantienen sus discrepancias sobre la consulta

La Generalitat y la confluencia de los comunes mantienen las distancias por lo que respecta al referéndum. Aseguran que no hay reuniones entre ellos y cada parte avisa de que no darán un paso adelante hasta que no lo haga primero la otra. La vicepresidenta del gobierno, Neus Munté, sugirió el 15 de abril que el ejecutivo está dispuesto a negociar con el partido de Ada Colau cuestiones de la consulta como la pregunta. Un portavoz de Presidencia del gobierno asegura que la propuesta de Munté es por “si los comunes están dispuestos a sumarse al referéndum. Si lo hacen, estamos dispuestos a negociar, como hacemos con la CUP”.

El Departamento de Presidencia de la Generalitat afirma que no hay reuniones porque “todavía es temprano; nos hemos dado dos meses para intentar pactar un referéndum con el Estado”. Las tres principales ramas institucionales de los comunes —en el Parlament, en el Congreso y en el Ayuntamiento de Barcelona— también recalcan que no se ha producido ningún contacto, ni con la Generalitat ni con los partidos de gobierno —PDeCAT y ERC, que forman la coalición Junts Pel Sí (JxSí). Pese a ello, Sergi Sabrià, portavoz de ERC, afirma que sí se han producido encuentros para hablar del referéndum. La posición oficial de los dirigentes del futuro partido Un País en Comú es que el marco para dialogar sobre la consulta es el Pacto Nacional por el Referéndum: “Después de las reuniones de la ejecutiva estaremos en condiciones de informar sobre quién será el responsable de las relaciones con el resto de partidos o sociedad civil. Creemos que el espacio para hablar de esta propuesta debería ser un espacio amplio como el Pacto por el Referéndum”.

Los comunes también advierten que la iniciativa para debatir su incorporación en el referéndum la tiene que llevar el Gobierno. El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, explica que “quien tiene la máxima responsabilidad es el Gobierno catalán, que es el que ha de presentar una propuesta al respecto”. Coscubiela y fuentes oficiales de En Comú Podem coinciden que sus requisitos son claros. Coscubiela los resume: “Deberían ser los de la resolución aprobada en el debate de Política General, a propuesta de CSQP, que votó JxSí, que fue la que tuvo más votos y que no ha sido impugnada por el Gobierno [CENTRAL] en el Tribunal Constitucional. La convocatoria, condiciones y formulación han de tener el máximo consenso en Cataluña; que se busque el reconocimiento previo de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Que tenga garantías en la celebración y efectos políticos en sus resultados". David Cid, coordinador nacional de ICV, avisa de que “es al gobierno a quien le toca explicar cómo hará el referéndum, y sobre todo con qué garantías. Cuando volvamos a convocar a las urnas, no podemos engañar a la gente y le hemos de decir si realmente se podrá aplicar el resultado”. La argumentación de JxSí es opuesta: consideran que el reconocimiento internacional y la validez del resultado solo se producirán a posteriori, si la participación en el referéndum es masiva.

Este abril se han producido varias declaraciones públicas desde filas independentistas para empujar a los comunes hacia el referéndum unilateral. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, dijo estar convencido que se sumarán a la consulta; ERC insiste en que debe producirse una convocatoria unitaria entre el PDeCAT, ERC, comunes y la CUP. La estrategia de JxSí es exponer que negarse a consultar a la ciudadanía es una acción antidemocrática. “Esto va de votar, va de democracia. Y hay gente y opciones políticas que no están expresando su no a la independencia sino el no a la democracia”, dice Sabrià.

La representatividad

El Departamento de Presidencia entiende que sea el Pacto por el Referéndum el campo de acción favorito de los comunes porque hay una gran representación de entidades proclives a mantenerse en la opción del referéndum pactado. Joan Ignasi Elena, coordinador de ese foro que aúna a los defensores de la consulta, replica que no se trata de hacer sentir cómodo a ningún sector en concreto: “En el Pacto están representados partidos con 83 escaños en el parlamento, sindicatos, las patronales excepto Fomento. Hay una gran transversalidad porque el punto de encuentro es dar voz a la ciudadanía”. Elena asegura que su función es mantener la cohesión y por eso “el Pacto no se ha planteado oficialmente como el lugar en el que se deba explicar la Generalitat”, como piden los comunes. Elena elogia a los partidos porque no ha recibido presiones.

Los comunes intentan mantener una posición unitaria sobre el referéndum. La única voz discordante la protagonizó la diputada Àngels Martínez Castells, quien rompió la disciplina de CSQP para votar en el Parlament a favor de una partida en los presupuestos para organizar el referéndum. Los sectores afines a la independencia de los comunes se mantienen en un perfil discreto. Gala Pin, concejal del Ayuntamiento de Barcelona que en las elecciones de 2015 dio apoyo a la CUP, prefiere no valorar la situación: “Hasta que no haya suficientes elementos para evaluarlo, no me posicionaré. Creo que la estrategia, que nos ha dado éxito, ha de ser poner los objetivos por delante de las siglas”.