Un testigo entierra la pista latinoamericana del crimen de la CAM
Los Sala nunca recibieron amenazas por sus negocios en el extranjero, según el directivo de la multinacional Samar
La declaración de un testigo ha terminado de enterrar la llamada pista latinoamericana del crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la desaparecida CAM Vicente Sala. La actividad desarrollada en ese continente por Samar Internacional SL, el grupo financiero multinacional de los Sala-Martínez especializado en la fabricación de plásticos, jamás generó amenazas o intentos de extorsión contra sus propietarios, según ha confirmado este martes un alto directivo de la firma, Fernando Meler, en el juzgado de Instrucción 7 de Alicante, según fuentes próximas al caso.
Por las manos de este ejecutivo con 17 años de experiencia pasaban las principales decisiones de la sociedad. Samar es la joya de la corona del conglomerado empresarial de los Sala-Martínez. En 2015 alcanzó una cifra de negocio cercana a los 200 millones de euros y reportó ocho de beneficio, según se recoge en el sumario. El difunto Vicente Sala se encargó personalmente de mimarla para convertirla en líder de su sector. Hasta que fue nombrado presidente de la CAM. En ese momento, su hijo Vicente Jesús, que había sido formado expresamente en la industria química, tomó el relevo y se encargó de expandir la sociedad por toda América Latina, donde creó filiales en México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, entre otros países.
La policía descartó desde un principio que esta actividad industrial fuera el origen del asesinato de María del Carmen Martínez, fallecida tras recibir dos balazos el pasado 9 de diciembre en Alicante, en su propio concesionario de coches, Novocar. Los agentes constataron que no había “negocios oscuros ni enemigos” de los Sala en Latinoamérica, tal y como recogen los informes policiales.
Sin embargo, solo tres días después del crimen, uno de los yernos de la fallecida, Miguel López, que sería detenido dos meses después como presunto autor del crimen, comenzó a difundir entre sus allegados esa hipótesis y a responsabilizar a su cuñado Vicente de lo ocurrido. “Lo tengo clarísimo, esto viene de allí abajo”, aseguraba en una conversación telefónica con un amigo que fue interceptada por la policía. “A alguien han jodido mi suegro o mi cuñado”, reiteraba.
Esa hipótesis, que pasa por una especie de vendetta empresarial ejecutada por un sicario profesional, ha sido enarbolada con posterioridad en el proceso por la defensa del investigado. Pero no ha encontrado hasta ahora sustento en ningún indicio. El directivo de Samar ha negado este martes que él, el difunto banquero o su hijo Vicente hubieran recibido algún tipo de amenaza relacionada con la multinacional. Ni en Latinoamérica ni en África, donde también está radicada. Tampoco en las redes sociales. Según las fuentes jurídicas consultadas, Meler ha reconocido que la firma sufría la competencia directa de una empresa nacional en cada uno de los países donde cuenta con filiales, pero esas relaciones no eran de ningún modo problemáticas.
En esta ronda de testificales ordenada por el juez José Luis de la Fuente han comparecido también la empleada de una notaría, un agente de la Policía Autonómica valenciana y un policía nacional que intervino en las pesquisas. La primera ha negado tajantemente que María del Carmen Martínez tuviera intención de cambiar su testamento antes de ser asesinada. La víctima había nombrado en abril de 2016 a su único hijo, Vicente, heredero universal de todos sus bienes, mientras que a sus otras tres hijas —María del Mar, Fuensanta y Antonia— les legaba solo la parte de su patrimonio que por ley les corresponde.
La testigo, que trabaja como auxiliar de notario, ha contado que María del Carmen Martínez concertó una cita pocos días antes de morir, pero ésta no tenía nada que ver con el testamento, sino con la necesidad de otorgar unos poderes a un procurador para poder pleitear por los impagos del alquiler de unas naves industriales que los Sala tenían arrendadas.
Por otro lado, un policía autonómico amigo de la familia ha rechazado que realizara gestión alguna ni ejercido influencia alguna en la investigación que ha llevado a cabo la Policía Nacional. Finalmente, un agente del grupo de Homicidios de la comisaría provincial de Alicante se ha ratificado en su intervención en las pesquisas.
La instrucción de la causa afronta ahora su recta final. Y lo hace con el presunto asesino, Miguel López, en libertad provisional. El sospechoso abandonó el pasado 20 de marzo la prisión de Fontcalent, donde ha permanecido encerrado 39 días, tras pagar la fianza de 150.000 euros que le impuso el juez De la Fuente. Esa decisión ha sido recurrida por la fiscalía ante la Audiencia de Alicante. Mientras tanto, el magistrado está a la espera de recibir los resultados de algunas diligencias indagatorias para cerrar el caso y enviarlo a juicio.
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