Intervención no vigilaba la entrega de material informático en el ‘caso IAM’
El Ayuntamiento de Madrid descubrió el caso tras recibir una denuncia anónima
La Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, servicio responsable de controlar las actuaciones municipales, no fiscalizó la entrega del material informático de tres contratos al Organismo Municipal Informática (IAM). Parte de estas recepciones se gestionaron con facturas falsas, lo que dio origen a una contabilidad B. El Ayuntamiento descubrió el caso tras recibir una denuncia anónima y puso el caso en manos de la Fiscalía. La auditoria externa anunciada por el Consistorio se entregará en julio, aunque el gobierno municipal aún no ha contratado a la empresa que lo hará.
El año pasado el IAM encargó la compra de material y servicios informáticos por valor de dos millones. Sin embargo, solo se entregaron productos por 388.000 euros porque el Ayuntamiento descubrió antes que se estaban utilizando en las recepciones albaranes falsos. Sin embargo, y tal como quedó este lunes patente en la comisión municipal sobre este caso, durante las entregas, los servicios de fiscalización interna, que dependen de la Intervención General y que son los encargados de vigilar estas actuaciones, no estuvieron presentes en el momento de las recepciones.
El concejal del Partido Popular Percival Manglano preguntó este lunes sobre esta ausencia de los servicios de Intervención, que calificó de “grave”. También criticó que el IAM llamase a la Intervención con posterioridad a la recepción del material.
La gerente del Ayuntamiento, Carmen Román, le replicó que es “habitual” que el personal de la Intervención no esté presente, pero destacó que un jefe de departamento del IAM "controlaba lo que se había ejecutado”. Agregó que, cuando se descubrió que se emitían facturas falsas, el gobierno de Ahora Madrid rescindió “de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria” [una multinacional] los contratos. Acordó así el pago solo de los servicios prestados y contrastados, por un valor de 388.000 euros. Román defendió que era pronto para hablar de delitos y que esto lo determinará la Fiscalía, aunque reconoció: “No se puede consentir la mala práctica aunque sea para favorecer la agilidad en el servicio”.
Después de que Román recibiera, a finales del año pasado, la denuncia de la existencia de una posible contabilidad B en el IAM, encargó una investigación reservada. El gobierno de Manuela Carmena cesó entonces “de forma preventiva” al subdirector del IAM y abrió procedimientos contra dos de los 450 empleados del instituto. El gobierno local sigue, no obstante, sin cuestionar la gestión del máximo responsable del organismo, Fernando Pérez, y que fue nombrado por el actual ejecutivo.
¿Sabía el director del IAM que existía una contabilidad paralela? ¿Había otros responsables que estaban al tanto de la emisión de facturas falsas? Estas preguntas siguen sin aclararse puesto que el Consistorio mantiene el informe de inspección interna como “reservado”. Su resultado no se conocerá hasta julio de 2017.
Los indicios apuntan a posibles casos de malversación y falsificación de documentos. La Fiscalía sigue esperando la auditoria municipal, que deberá estar avalada por una empresa externa que aún no ha sido contratada.
Ramón Silva, concejal del PSOE, recordó a Román que su partido pidió tener acceso a las conclusiones del informe y recordó que ante su negativa los ediles pueden personarse ante la Fiscalía Provincial para obtener el documento. Silvia Saavedra, de Ciudadanos, tildó la ruptura de los contratos con la multinacional como “práctica poco ortodoxa” y sostuvo que la auditoria debe realizarse de forma externa.
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