Boadilla sigue peleando para abrir al público los caminos de una finca privada
El Ayuntamiento ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que otorga su propiedad a la familia Fitz-James Stuart Gómez
La disputa por la posesión de los caminos que cruzan la finca Romanillos, propiedad de la familia Fitz-James Stuart Gómez, de la Casa de Montijo emparentada con la Casa de Alba, sigue adelante. El Ayuntamiento ha presentado un recurso contra la sentencia que da la razón a los dueños, que cerraron cinco sendas que usaban los vecinos en 2013. En el escrito se argumenta que la decisión judicial ha omitido las pruebas aportadas por su parte, entre las que se encuentran testimonios e informes, que demostrarían que los caminos cuestionados son de titularidad pública y no privada.
Los cinco caminos en litigio son propiedad de los demandantes, concluía la sentencia de 14 de febrero de 2017, contra la que el Ayuntamiento ha presentado un recurso de apelación. El juez condenaba al Ayuntamiento de Boadilla a entregarlos, cesando en todo acto que perturbe la “legítima posesión de los demandantes”, así como a rectificar su inventario municipal excluyendo esas propiedades. Los propietarios de Romanillos , Jacobo Hernando, Carmen Eugenia, María Eugenia y Luis Esteban Fitz-James Stuart Gómez, demandaron al municipio después de que este inscribiera las sendas como suyas en 2014. Adujeron que eran de uso interno de la finca.
Pero el Consistorio, gobernado por el PP, no está dispuesto a ceder la propiedad sin agotar todas las vías legales a su alcance. En el recurso, el municipio insiste en que las vías cuestionadas son públicas, al haber sido utilizadas por los vecinos “desde tiempo inmemorial como paso entre distintas localidades”. Así lo lleva manteniendo Boadilla, desde que saltó la polémica en 2013, después de que la Asociación Amigos de los Caminos denunciara que las entradas a las travesías se habían clausurado. La finca Romanillas ocupa 1.026 hectáreas calificadas como no urbanizables, y está situada en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
El recurso explica que los testigos declararon “bajo juramento” su utilización “de forma continuada y pacífica”. Una circunstancia que también era conocida por la parte demandante que “no ha tomado medida alguna” para impedir el paso hasta el año 2013. Los propios testigos presentados por los dueños del terreno, han reconocido que “hasta tiempo muy reciente no vieron como alarmante este tipo de uso”, añade el escrito.
La apelación recuerda asimismo que “han sido los demandantes los que han interrumpido la pacífica posesión pública de los caminos”, como quedó acreditado en las diligencias previas. Las razones esgrimidas por la sentencia para negar la posesión de esas vías al municipio “es una apreciación personal del juzgador”, concreta el Ayuntamiento. Para ello, se basa “casi exclusivamente” en el testimonio de dos personas que tenían “vínculo profesional con los demandantes”, por estar al servicio de la finca o haber trabajado como guarda en el pasado. Por lo tanto, la sentencia ha omitido “todas las pruebas aportadas por esta parte”.
El Ayuntamiento añade que no se ha tenido en cuenta en “prácticamente ningún aspecto de la sentencia” los hechos probados de las diligencias previas practicadas. Estas determinaron la titularidad pública por el “contenido e informes del catastro, Ayuntamientos, SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas)”, o por el estudio del jefe del Área de Patrimonio del Ayuntamiento. Es cierto, reconoce Boadilla, que no inició los trámites para inscribir los caminos en el inventario municipal hasta 2013 y 2014, cuando se ejecuta la recuperación de oficio. Pero esto sería indiferente, según otras sentencias, si el carácter público se acredita suficientemente.
En cuanto a la declaración de uno de los guardas de la finca, que manifestó que era el encargado de comunicar a las personas que entraban el carácter privado del terreno, el Ayuntamiento considera que no aporta ningún indicio al caso. Él debía comunicar esas instrucciones a los caminantes porque era su trabajo, “lo que no prueba en absoluto la titularidad” de los caminos, puntualiza el recurso.
El vallado de la discordia
Los dueños de la finca Romanillos, de la Casa de Montijo y descendientes de la duquesa de Alba, han asegurado desde el inicio de la polémica que los caminos que discurren por ella, destinados a la explotación agrícola y ganadera, siempre han sido de titularidad privada. Según figura en el Registro de la Propiedad, el coto procede de un mayorazgo fundado en 1562, y así pasó a María Francisca de Sales Palafox y Portocarrero, Duquesa de Alba y Condesa de Montijo, y de ella a sus sucesivos herederos hasta el momento actual. El Ayuntamiento boadillense manifiesta, sin embargo, que son públicos como así demuestra el uso de los vecinos, además de que conectaban diferentes localidades. El municipio anotó las cinco vías en el Registro de la Propiedad en 2014, “probablemente”, porque antes no “existía la aguda controversia” que ha surgido en la actualidad.
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