Las diputaciones ganan el pulso al Consell en turismo y deporte
El TSJ valenciano declara nulos los decretos autonómicos para centralizar estas competencias. La Generalitat anuncia que recurrirá
Las tres diputaciones valencianas seguirán decidiendo en materia turística y deportiva. En dos sentencias, con fecha de 24 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulos los decretos aprobados hace un año por el Consell para coordinar las funciones propias de las administraciones provinciales en sendas áreas. La decisión judicial “es el triunfo del sentido común”, expresó el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y frena lo que, junto a su homólogo en Alicante, César Sánchez, calificó hace un año de intento “de desmantelamiento” de la estructura provincial.
A modo de ejemplo, y concretando en el caso castellonense, la sentencia del tribunal valenciano permitirá a la diputación de Javier Moliner (PP) “decidir” el destino de los 5,1 millones de euros presupuestados en 2017 por la institución para acciones de promoción turística. “Más de 75” entre campañas, ferias y otras iniciativas, han anunciado este lunes fuentes de la entidad. Entre ellas, las dirigidas a la potenciación del turismo de festivales.
El tribunal valenciano ha estimado el recurso contencioso administrativo presentado por la Diputación de Castellón en marzo de 2016, en el que solicitaba la nulidad del decreto alegando que en su elaboración y aprobación se había omitido el trámite de audiencia a las tres diputaciones y vulnerado los principios de jerarquía normativa y de reserva legal. En su fallo, el TSJCV dice que el decreto de la Generalitat “se declara nulo por la falta de conformidad a derecho”. Afirma que vulnera el principio de “reserva legal” porque para poder intervenir en las funciones de las instituciones provinciales tendría que haber dado luz verde a una ley en Les Corts.
“David ha vencido a Goliat”, dijo el presidente de la diputación castellonense, Javier Moliner, al poco de conocerse el fallo, para matizar sus palabras de inmediato. “No se trata de que la Diputación ha ganado y la Generalitat ha perdido, porque quien realmente ha ganado es la sociedad de Castellón”, añadió, en un intento de no quebrar la voluntad de colaboración que el líder castellonense asegura mantener y desea seguir manteniendo en el futuro con el Consell de Ximo Puig.
Horas después, el ejecutivo autonómico anunciaba que recurrirá las sentencias. También informaba que seguirá estudiando la elaboración de una nueva normativa de coordinación “que, más allá de interpretaciones jurídicas, nos permita seguir trabajando por la eficiencia, contra el despilfarro y por el interés de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana”, indicaba en un comunicado.
La anulación de sendos decretos ya ha tenido como consecuencia inmediata la suspensión por parte de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) de la reunión del consejo de coordinación turística convocada para este mediodía en Valencia.
Con todo, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha informado en un comunicado que la predisposición del Consell al consenso “se mantiene intacta”. También se han expresado en esta línea fuentes de la Diputación de Castellón, que insisten en que el fallo del TSJCV no va a marcar un antes y un después en las relaciones “de cooperación” entre ambas administraciones. Han citado como muestra de esta “voluntad de colaborar” el hecho de que el Patronato Provincial de Turismo, un organismo de la diputación, que se reunirá mañana martes, tenga como número dos al propio Francesc Colomer.
La relación Diputación-Generalitat es “leal”, ha declarado Moliner en varias ocasiones, a pesar de las fricciones obvias que han generado entre ambas casos como el del Hospital Provincial de Castellón. Una crisis esta última que se ha visto acentuada tras otro fallo judicial relacionado con los 17 despidos en el centro sanitario aprobados el pasado octubre por la consejera Carmen Montón. El juzgado de lo social número 2 de Castellón admitía hace una semana la demanda interpuesta por una de las trabajadoras afectadas y declaraba nulo su despido, condenando al Consorcio Hospitalario Provincial a readmitirla “en iguales condiciones, con los salarios dejados de percibir hasta la sentencia”. Además, se declaraban improcedentes los despidos de otros siete exempleados del centro, tras un acuerdo entre éstos y el hospital.
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