Diagonal Mar podrá ampliar la superficie comercial
Colau tiende la mano y pide colaboración a la oposición y los grupos le reprochan que no reduzca las desigualdades
El centro comercial Diagonal Mar de Barcelona podrá finalmente ganar 5.300 metros cuadrados de superficie comercial a costa del espacio de los cines. El pleno del Ayuntamiento votó ayer en contra de la ampliación, que el Gobierno de Ada Colau rechaza, pero el expediente se aprobará por silencio administrativo porque cumple con todos los requisitos y denegarlo hubiera sido ilegal. Fue un pleno de siete horas en el que durante el debate sobre el estado de la ciudad la oposición reprochó a Colau que no haya reducido las desigualdades.
Demòcrata, nuevo nombre del grupo de CiU
Tal y como ordenó el PDECat —tras la refundación de Convergència— a todos sus representantes municipales, el grupo de Convergència i Unió (CiU) en el Ayuntamiento de Barcelona cambia de nombre. Ahora se llama Grup Municipal Demòcrata (PDECat-Unió-Demòcrates). Entre sus diez regidores hay una de Unió (Sònia Recasens) y uno de Demòcrates (la escisión independentista de Unió), Gerard Ardanuy. Demòcrates mantiene una pugna con el PDECat por el nombre y Ardanuy dijo ayer que recurrirá el cambio.
La tramitación de la ampliación de la superficie comercial de Diagonal Mar (inaugurado en 2001) se remonta a noviembre de 2015. El centro solicitó la ampliación y el distrito rechazó el plan, pero la Generalitat emitió un informe favorable. Posteriormente, el Consistorio suspendió la licencia y solicitó informes para estudiar cómo parar el proyecto.
Durante el pleno votaron en contra de la ampliación Barcelona en Comú y la CUP. El resto de grupos se abstuvieron y cuestionaron la actuación de la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. El grupo municipal Demòcrata y el PP consideraron que ha rozado la prevaricación y Ciutadans y ERC también fueron muy duros al recordar la sucesión de actuaciones hasta llegar a rendirse a la evidencia de que la ampliación cumplía con todos los trámites administrativos preceptivos. “No se aparten de la legalidad”, pidió el concejal Koldo Blanco, de Ciutadans. El republicano Jordi Coronas ironizó afirmando que “lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer” es “la lección número uno del Barrio Sésamo del urbanismo”. “Es un procedimiento que tiene una dimensión política y otra administrativa, y esta tiene posibilidades limitadas”, lamentó Janet Sanz.
Ayer también se celebró el pleno extraordinario anual sobre el estado de la ciudad. De poco le sirvió a la alcaldesa tender la mano a la oposición para alcanzar consensos en cuestiones como la ordenanza de terrazas o la unión del tranvía y pedir colaboración en retos como la burbuja de los alquileres (a CiU y ERC desde la Generalitat y al PP desde el Gobierno), la mejora en la financiación del transporte o la gestión del turismo. Los grupos de la oposición desoyeron la propuesta de la alcaldesa y criticaron que no haya conseguido frenar las desigualdades y los desahucios o que los alquileres estén disparados. Solo el socio de Gobierno de Colau, Jaume Collboni (PSC), defendió su gestión, aunque apostó por “levantar la mirada a toda la ciudad, dar confianza y garantizar derechos”.
Barcelona regulará el alquiler turístico de habitaciones
El Gobierno municipal se comprometió a tener antes de verano la propuesta de ordenanza para regular el alquiler turístico de habitaciones. Fue a raíz de una proposición de Ciutadans que apoyaron BComú, CiU y el PP, que señalaron las diferencias que hay entre un piso turístico (que puede expulsar vecinos) y el alquiler en casas particulares que son vivienda habitual. Aunque Barcelona ya trabaja en su ordenanza, el texto definitivo dependerá de cómo sea la regulación de la Generalitat y de si da margen a los Ayuntamientos para adaptarla a su realidad. En cualquier caso, en Barcelona abre una vía para alcanzar algún tipo de acuerdo con Airbnb, con quien ahora están en guerra.
Desde el grupo Demòcrata, Joaquim Forn centró su discurso en una frase que repitió varias veces: "Señora Colau usted se ha convertido en una broma para los ricos, una pesadilla para las clases medias y un castigo para los desfavorecidos". Forn echó en cara a Colau las "promesas incumplidas por su gobierno" y ha criticado grandes proyectos como el PEUAT --"quien iba a decir a los hoteleros que con un gobierno de Barcelona en comú serían más ricos", ha dicho-- o la idea de gastar 175 millones para unir el tranvía por la Diagonal, para lo que todavía no tiene consenso.
La líder de Ciutadans en el consistorio, Carina Mejías repasó los indicadores negativos de la ciudad y convino que "Barcelona no puede permitirse otro año de arrogancia ni de arbitrariedades". Alfred Bosch, de ERC, acusó a Colau de "vender Barcelona como el país de las maravillas" y recordó que ha perdido tanto su apoyo como el de la CUP, que votaron favorablemente a su investidura.
El popular Alberto Fernández Díaz aseguró que Colau "gesticula porque no gobierna y pone trabas al crecimiento económico" y la acusó de "aprovecharse para beneficio propio del dolor ajeno de los desahuciados, las víctima de pobreza energética o los refugiados". También le reprochó que aumenten las listas de espera en los servicios sociales o que no convoque procesos participativos como prometió.
La CUP, por último, aseguró que los anuncios de Colau "quedan en papel mojado" y puso como ejemplo el cierre del CIE, el concurso eléctrico suspendido, la internalización de servicios privatizados o la ausencia de PAM o plan de inversiones. También criticó que haya pactado "sin manías" el plan de vivienda con CiU y Ciutadans.
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