Reconstituir la justicia

El sistema judicial de la Comunidad de Madrid está agotado, extenuado por la ingente sobrecarga de trabajo y por incidencias relativas a las pésimas condiciones de las sedes en las que se imparte justicia. También por el incumplimiento de los acuerdos en materia laboral con los sindicatos, por la negativa a incrementar en una cifra realista los órganos judiciales, por la carencia de un Instituto de Medicina Legal, por la obsolescencia de los medios tecnológicos, por la ausencia de oficinas de asistencia a la víctima como exige la legislación nacional, por el despilfarro de más de cien millones de euros en la Ciudad de la Justicia y un largo etcétera. Nuestra Comunidad necesita un modelo de justicia y una adecuada planificación.

Esta situación endémica, más deteriorada en este último año y medio, ha provocado que todos los sectores de la justicia madrileña alcen sus voces contra la gestión de la Comunidad, contra su parálisis en la atención a las sedes judiciales. Ello ha conducido a que los sindicatos hayan pedido la dimisión del consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, lo que coincide con el nombramiento de la tercera directora general de Justicia en lo que va de legislatura.

Desde el inicio, hemos propuesto más de 130 iniciativas al respecto. Entre ellas, destacan las que reflejan un modelo de justicia como servicio público, como motor del desarrollo social, y de los tribunales como uno de los pilares de la democracia. Hemos presentado soluciones a estos graves problemas, porque obstaculizan los derechos fundamentales de los ciudadanos y porque afectan a la seguridad jurídica.

En ese proceso transformador hacia un modelo de justicia como auténtico servicio público y como herramienta del reforzamiento de la independencia de los tribunales, en este espacio de diálogo, de debate y de consensos necesarios entre quienes representamos a los ciudadanos, hemos propuesto iniciativas para resolverlos. Sin embargo, nos hemos sentido, en ocasiones, un tanto solos. Ahora todo parece activarse con el incendio sucedido hace unas semanas en una sede judicial en Torrejón de Ardoz, que ha visibilizado el estado de nuestras infraestructuras y las condiciones laborales y de atención precaria a las personas que acuden al sistema judicial madrileño. La justicia es de todos y en consecuencia conjuntamente debemos responsabilizarnos de su situación.

Nuestra actividad está dirigida a garantizar derechos, si bien el Gobierno de la Comunidad se sustenta en un pacto de investidura que no menciona ni una sola palabra sobre la justicia. Ahora que la justicia madrileña salta a los medios, que al Gobierno regional se le ha echado el tiempo encima, le recordamos, persistentes y responsables, su deber para con ella, en el compromiso por reconstituirla.

Mª Pilar Llop Cuenca es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid en materia de justicia  y magistrada en servicios especiales.