Uno de los acusados del ‘caso Guateque’ reclama que se investigue a altos cargos municipales

La declaración más extensa fue la de Fernández de Castro, que se declaró inocente y alegó que no elaboró ninguno de los informes de los que se acusa, porque no tenía las suficientes competencias. "Yo no podía adelantar expedientes como ustedes dicen, porque eso era competencia del director general", explicó.

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El procesado también protestó porque los titulares de las actividades sometidas a evaluación ambiental y los promotores de los locales no están implicados en el proceso y negó haber recibido sobornos por tramitar licencias. "Soy una persona seria, formal y honrada. En mi vida hubiera hecho eso", afirmó. Además, Fernández de Castro se mostró satisfecho de haber podido declarar por primera vez en todo el proceso, a pesar de que el caso haya afectado a su vida personal. "Es la primera vez que declaro sobre esto. Pero por este tema me echaron del Ayuntamiento, me han hundido la vida, y no puedo hacer más que seguir aquí defendiendo mi integridad", concluyó tajante. 

El siguiente en sentarse en el banquillo de los acusados fue Eduardo Agustino Carrasco, cuya empresa se dedicaba a la tramitación de proyectos de licencias. El fiscal César Estirado ordenó que se le mostrara al acusado una agenda, de la cual supuestamente era propietario el socio de Carrasco, Julián Rubén Martínez, ya fallecido.

"La agenda es de Julián Rubén y están son sus anotaciones", se defendió Carrasco. El empresario explicó que no sabía a qué se referían las notas de su socio en las cuales se vinculaba el pago de distintas cantidades a diferentes nombres y negó haber pedido dinero para pagar a funcionarios. "Jamás he pedido dinero para sobornar. La relación económica con los clientes la llevaba Julián", aclaró. 

A continuación declaró el exfuncionario de licencias que trabajó durante 20 años en la Junta de Salamanca, Domingo Sánchez. El acusado negó haber recibido dos pagos de 1.500 euros y otro de 1.000 euros por contactar con funcionarios municipales para evitar la paralización de licencias con informes desfavorables. "Jamás he cobrado nada para agilizar un expediente. Yo era un técnico raso, un compañero más", afirmó.

Fernández de Castro, Carrasco y Sánchez son los últimos acusados en declarar de los 30 implicados en el proceso. La causa continuará el próximo 21 de febrero con las declaraciones de testigos y peritos.