Un acusado del ‘caso Guateque’ acuerda con el fiscal reducir la condena
Un exfuncionario municipal, también procesado, negó haber destruido pruebas que le imputan
Un exempleado municipal de la Junta de Chamartín José Antonio Montesinos, imputado en el caso Guateque (trama en la que se hicieron supuestos pagos ilegales a funcionarios para agilizar licencias), llegó ayer a un acuerdo con el fiscal para la reducción de su condena. El acusado, que se enfrenta a dos años y medio de cárcel y sufre una grave enfermedad, pidió a la sala que valorara su inocencia o culpabilidad. Su pena puede variar tras el acuerdo, pero los términos no se conocerán hasta que se presenten los informes finales del proceso. Durante la sesión también declaró el exfuncionario de urbanismo José Antonio Jodar, que negó haber hecho desaparecer pruebas e informes que le implican en el caso. El acusado se enfrenta a 15 años y medio de cárcel. También dieron su versión de los hechos en la Audiencia Provincial otros tres de los 30 acusados: el funcionario de urbanismo Ángel Megal, además de Manuel Salcedo y Fernando de la Torre, funcionarios municipales de la Junta de Chamartín.
Uno de los interrogatorios más extensos fue el de Jodar. El procesado negó haber hecho desaparecer informes desfavorables que impedían la concesión de licencias a diversos locales. "No pude haber pedido un expediente porque de eso se encargan los técnicos", se defendió. El exfuncionario municipal explicó que nunca cobró sobornos -unos 6.000 euros- procedentes de Carmelo García, otro de los acusados, por facilitar nuevas tramitaciones de expedientes de manera irregular. A su vez, Jodar explicó que se limitó a hacer fotocopias de "gran calidad y en color" a diversos documentos debido a una petición de Carmelo. "Parece que es el expediente original, como si lo hubieras hecho desaparecer", afirmó Jodar, que le dijo Carmelo al entregarle las copias. "Hice eso porque es mi forma de ser. Me gusta quedar bien con las personas incluso por encima de mi propia dignidad", aseguró.
A continuación, declaró el funcionario municipal Manuel Salcedo. que se declaró inocente y defendió la legalidad de sus actos. Salcedo negó haber recibido pagos -uno de 3.000 euros y otro de 1.200- para la concesión de licencias. Justificó sus actos basándose en un cambio de la legislación cuando se tramitaron algunos expedientes con los que se le relaciona. "Nunca tuve la necesidad de favorecer a nadie", dijo. El fiscal pide para él ocho años de prisión.
Minutos después, comenzó su breve intervención el funcionario de la Junta de Chamartín Fernando de la Torre, para el que la fiscalía solicita tres años de prisión. El procesado achacó a un error durante el proceso su implicación en los informes y supuestos sobornos con los que se le relaciona. "No conozco el expediente del que me habla. Nunca he cobrado nada", explicó tajante.
El funcionario de urbanismo Ángel Megal también respondió a las preguntas de la fiscalía. Megal aseguró que no posee competencias en lo que a licencia para obras se refiere y defendió su inocencia. El procesado se enfrenta a diez meses de cárcel.
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