La Fiscalía investiga las ilegalidades que Vidal atribuye a la Generalitat
ERC fuerza al exsenador a dejar su escaño tras sus polémicas declaraciones
El juez Santiago Vidal ha anunciado que deja su escaño en el senado después de que EL PAÍS hiciese público el contenido de algunas de sus conferencias por Cataluña. Vidal ha presentado la "renuncia voluntaria" a su acta de senador "para no ser un obstáculo para el proceso", según un comunicado de ERC, el partido al que pertenece. En estas charlas, Vidal hacía algunas afirmaciones polémicas, como que la Generalitat tenía de manera ilegal todos los datos fiscales de los catalanes.
La dirección del partido de Oriol Junqueras había guardado un prudente silencio desde que este diario desvelase en la tarde del jueves esa información, pero esta mañana han forzado al juez a que presente la renuncia al acta. El comunicado difundido por Esquerra contiene unas palabras atribuidas a Vidal en las que asegura: "He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico en el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad".
Vidal añade que quiere dejar claro que "en ningún momento" ha querido "poner en duda que el actual Gobierno [de la Generalitat] actúa con absoluto respeto a la legalidad vidente". También asevera que todas las decisiones que adoptará en el futuro el Parlament gozarán de cobertura legal. En otro momento, el juez pide que "no se sobredimensionen" sus palabras y admite abiertamente su error. "Debería haber contrastado mejor las informaciones antes". El juez ha suspendido también todos los actos en los que tenía previsto participar. La renuncia como portavoz en el senado supone también que deje de formar parte de la Ejecutiva del partido.
La renuncia de Vidal se ha hecho pública justo después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya ordenado que se investigue al juez por sus declaraciones. Maza considera que de ser ciertas pueden suponer "una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos", por lo que ha pedido al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que abra diligencias.
El ministerio público ha tomado esta medida "en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos", según un breve comunicado difundido a los medios de comunicación.
La Fiscalía en Cataluña ha respondido inmediatamente con la apertura de esas diligencias. El ministerio público hace referencia a los extractos de algunas de esas charlas. "De confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos", sostiene. En concreto, sobre la afirmación de que el Gobierno catalán ha obtenido de forma ilegal los datos tributarios de los ciudadanos, apunta que podría ser un "delito de descubrimiento y revelación de secretos".
Asimismo, sobre "la elaboración de trabajos de campo o dossiers relativos a la afinidad ideológica del colectivo de Jueces y Magistrados", podría tratarse de un delito de revelación de secretos en su modalidad agravada. "Todo ello sin descartar la eventual relevancia jurídico-penal que puedan gozar otras conductas", como la afirmación de que la Generalitat mantienen acuerdos con Estados extranjeros, concluye.
Durante tres meses, el juez Vidal, suspendido de sus funciones por redactar un borrador de la Constitución catalana, ha dado diversas conferencias por municipios catalanes. En estas ha hecho algunas afirmaciones como que la Generalitat ha obtenido ilegalmente los datos tributarios de los ciudadanos catalanes. En sus intervenciones, Vidal también se refería a un "trabajo de campo" sobre los "801 jueces españoles en Cataluña" para determinar cuáles comparten los "sueños e ideales" independentistas. "Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán; sabemos con qué jueces podemos contar", reiteró.
También afirmó que existe una partida oculta en los presupuestos de 400 millones de euros para organizar el referéndum. "No os diré en qué epígrafes de los presupuestos están incluidos, porque están debidamente camuflados, porque si no nos los impugnarían inmediatamente”, dijo el exsenador.
El Gobierno catalán, a través de su vicepresidenta Neus Munté, ha desmentido "categóricamente" las afirmaciones de Vidal. El Departamento de Economía ha anunciado además que se pone "a disposición" de la Autoridad Catalana de Protección de Datos para "someterse, a petición propia, a una auditoría de la gestión y uso de los datos de carácter fiscal". Desde el departamento que dirige Junqueras se ha recalcado que es "absolutamente falso" que el Gobierno catalán "tenga todos los datos fiscales de los contribuyentes catalanes".
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