Las instituciones catalanas exigen a las suministradoras que paguen el 50% de la pobreza energética

Todas las administraciones catalanas han formado este jueves un frente común para luchar contra la pobreza energética en la presentación de un convenio de corresponsabilidad a las compañías suministradoras de electricidad y gas donde se les exige que cubran como mínimo el 50% del gasto que genera la pobreza energética. Tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han mostrado firmes en la petición de que las empresas firmen este acuerdo, y han advertido de que sancionarán a las empresas si no cumplen la parte de la ley 24/2015 que no está suspendida por el Tribunal Constitucional, que se refiere a la pobreza energética y que insta a las compañías a llegar a acuerdos con las administraciones para proteger a las personas en riesgo de exclusión residencial.

En la presentación del convenio en el Palacio de la Generalitat, que ha conseguido un amplio consenso entre las instituciones, han participado los consejeros de Economía y Empresa, Jordi Baiget, y de Trabajo y Servicios Sociales, Dolors Bassa, junto a los presidentes de las diputaciones catalanas y de las federaciones y asociaciones de municipios y también el socialista Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde de Barcelona y vicepresidente del Área Metropolitana. Baiget ha afirmado que "el convenio quiere dejar claro que todas las administraciones catalanas van de la mano en la lucha contra la pobreza energética. Es una prioridad".

Baiget ha asegurado que el texto, aunque se puede negociar, tiene como líneas rojas el hecho de que las empresas se tienen que hacer corresponsables de la pobreza energética, y que tienen que participar en un mínimo del 50% del gasto que genere. Un reciente acuerdo entre el Gobierno central y la oposición fija el bono social para las familias con necesidades en un 25% de descuento.

Colau se ha mostrado "contenta de estar en esta mesa", pero ha recordado que es tarde, y que solo se ha avanzado desde la muerte de una anciana en Reus, cuyo piso se incendió después de dos meses de corte del suministro eléctrico: "Hace mucho tiempo que las entidades vienen exigiendo que hagamos cumplir la ley, con este convenio ahora la pelota está en el tejado de las empresas suministradoras", ha dicho Colau, quien considera "inasumible" que las empresas digan que no pueden asumir una parte de la pobreza energética. "Si no cumplen la ley abriremos expedientes y sancionaremos, especialmente a quien hace negocio con un derecho fundamental", ha rematado. Puigdemont, por su parte, ha destacado que el objetivo es "conseguir que los más vulnerables sean más fuertes, y que los más fuertes sean más vulnerables a las necesidades de los ciudadanos".

Con este frente común y un convenio homogeneizado, las administraciones esperan que las empresas se sumen al acuerdo, como ya lo hicieron las suministradoras de agua en su momento. Preguntadas por este periódico, tanto la compañía Endesa como Gas Natural han declinado comentar el convenio. Fuentes de las empresas aseguran que no tenían conocimiento del texto y afean que no fueran invitadas a redactarlo. El conseller Baiget ha puesto un plazo máximo de dos meses para negociar el acuerdo y que las empresas lo firmen.

El texto acordado contempla que las suministradoras de luz y gas no realicen cortes de suministro a quien esté en situación de vulnerabilidad, en aplicación del principio de precaución. También indica que las empresas tienen que colaborar para afrontar "como mínimo" la mitad de los gastos derivados de la pobreza energética, a través de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada y aportaciones económicas directas. El convenio también insta a las empresas a promocionar el bono social y a optimizar la potencia contratada.

El convenio establece también el compromiso de que las suministradoras se dirigirán a los servicios sociales municipales para solicitar un informe acreditativo para asegurarse, antes de cortar el suministro, de que la familia no está en una situación de vulnerabilidad. El texto también prevé la creación de un canal de trámites único y obliga a las suministradoras a facilitar a los usuarios toda la información relativa a sus derechos. Además, las empresas deberán realizar auditorías energéticas gratuitas a las personas en riesgo de exclusión residencial. El texto compromete a las operadoras a facilitar a los servicios sociales municipales un listado mensual de suministros cortados y facturas impagadas para dar una visión global sobre la pobreza energética en Cataluña.

Protocolo de aplicación

Con la aprobación de la ley 24/2015, la Generalitat, a través de la Agencia Catalana de Consumo, redactó un protocolo que fija los criterios y procedimientos para aplicar dicha ley. El pasado noviembre, tanto la patronal eléctrica UNESA como la compañía Endesa recurrieron este protocolo al entender que se trataba de una recomendación y que no les obligaba a nada. Las instituciones insisten en este protocolo y lo incluyen en el texto que esperan acordar con las empresas, lo que las obligaría a obedecer el protocolo ya que la ley indica que hay que "llegar a acuerdos" entre empresas y administraciones. Las suministradoras llevan meses alegando que cualquier acuerdo es voluntario, no obligatorio, y que por lo tanto no se les puede exigir firmar un documento.

La Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) ha reaccionado a la presentación del convenio asegurando que "podría haber sido más ambicioso". La APE defiende que sean las compañías las que asuman el 100% de las deudas acumuladas por pobreza energética. La Alianza también considera "peligroso" que se incluya en el convenio la opción para las compañías de escoger entre condonar la deuda o hacer una aportación económica, "ya que para la mayoría de las familias la necesidad es doble". La APE pide en cualquier caso que este convenio se firme "de manera urgente" ante la subida de precios de la electricidad, que coincide con la ola de frío.