La Cámara de Cuentas critica cientos de contratos municipales sin concurso

Alcobendas (112.00 habitantes). El Ayuntamiento decidió remodelar dos parques de la ciudad, el de Murcia y el de Miguel Hernández. Para ello, mediante “procedimiento negociado sin publicidad”, adjudicó los trabajos. Para realizar las obras del de Murcia requirió tres ofertas. Dos de ellas no proponían una reducción del tiempo de obras (tres meses), a pesar de que era uno de los criterios que se valoraban. La tercera, que fue la que ganó, sí: haría las obras en solo mes y medio. Gracias a ello, se llevó el contrato, pero pasados 45 días seguía sin acabar los trabajos, y también a los 90. El Ayuntamiento tuvo que ampliarle el plazo porque “habían surgido imprevistos”.

La Cámara de Cuentas considera que ni “las fiestas navideñas”, ni las “lluvias invernales” son precisamente imprevistos. En el caso del otro parque, pasó algo muy parecido, añadido al hecho de que se adujo que la adjudicataria había recibido tarde “las llaves de la única puerta de acceso que tiene dimensiones suficientes para ejecutar las obras”.

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Alpedrete (14.000). El Consistorio quería adjudicar los talleres culturales y las actividades del Centro de Juventud mediante procedimiento negociado sin publicidad. Invitó a varias empresas (la Cámara no dice cuántas), pero dos de ellas —la adjudicataria y una que nunca se presentó— tenían la misma dirección.

Aranjuez (58.000). Cada año este municipio celebra la escenificación del Asalto a la Casa de Godoy y el Motín. El contrato puede ser adjudicado directamente, dice la ley, cuando solo un empresario pueda hacerlo. Por ejemplo, la contratación de un determinado cantante que se quiera llevar al pueblo. En Aranjuez le dieron el Motín a una empresa directamente. La justificación que dio para ello el Consistorio es que el montaje “únicamente puede llevarlo a cabo” una persona física, que tiene “los derechos adquiridos como director del montaje y escenografía desde hace 30 años”. La Cámara de Cuentas replica que eso no es un argumento.

Batres (1.600). El Consistorio necesitaba asistencia jurídica. Así que invitó a varios abogados a presentar sus ofertas. Solo respondió afirmativamente uno, que no hizo ninguna rebaja. El ganador, que ya había trabajado para este Ayuntamiento hacía 10 años, compartía “cargos de administración” con otro de los invitados.

Chinchón (5.500). Contrató a una artista para sus fiestas de agosto de 2014. E impuso que el concierto se celebrase el 12 de ese mes. Pero precisamente ese día la cantante trabajaba en exclusiva para una empresa de representación, por lo cual el Ayuntamiento no convocó el concurso —la ley le obligaba a hacerlo si el contrato pasaba de 18.000 euros— arguyendo que la ley se lo permitía: lo podía adjudicar directamente a esa empresa porque era la única que tenía la representación de la artista que deseaban.

La Cámara de Cuentas se sorprende y dice: “Es decir, el Ayuntamiento elige para actuar un determinado día a una artista, que tiene un contrato en exclusiva con una agencia, que necesariamente debe contratar con la empresa productora de espectáculos, que previamente ha reservado con la agencia la exclusividad de dicha artista aquel día”. Los auditores se preguntan por qué no contrataron directamente con el agente, en vez de “encadenar exclusividades entre empresas con una explicación insuficiente”. Chinchón pagó 127.500 euros por la actuación.

Colmenar Viejo (47.500). El pueblo hizo exactamente lo mismo que Chinchón con otro artista que tenía “reservada la fecha del 30 de agosto en la localidad de Colmenar a favor de la empresa que resultó adjudicataria”.

Colmenarejo (9.000). Requería asistencia jurídica, así que invitó a tres bufetes. Uno de ellos, según un informe municipal, acreditó “poca experiencia en Administración local”, por lo que Cámara se pregunta para qué lo llamaron.

Coslada (89.000 habitantes). Dio directamente la celebración de sus Fiestas Mayores a una sociedad. La razón es que los tres artistas que iban a actuar tenían exclusividad con esta empresa los días 6, 7 y 8 de junio, fechas en que esta ciudad celebra las fiestas.

El Álamo(9.000). Requería un trabajador que ayudase en la recaudación de los tributos. Uno de los criterios de selección fue que esa persona tuviera un “compromiso con el empleo local”. La Cámara no entiende qué criterio legal es ese.

El Molar (8.000). No dio ni un solo punto adicional a quien ofreciese una rebaja superior al 5% a la licitación de sus servicios de limpieza. Los auditores dicen: “Se da la paradoja de que no resulta elegida la empresa con solvencia suficiente, que obtiene la mejor valoración y que presenta una oferta económica favorable”.

Fuenlabrada (196.000). Tuvo que contratar también sin concurso a una empresa para contar con un artista determinado que, precisamente, el día 14 de septiembre tenía con esa empresa la exclusividad.

Galapagar (32.300). Declaró de “urgencia”, y por tanto con menos competencia, la construcción de su nuevo Ayuntamiento con centro comercial adjunto para que “los vecinos puedan en el futuro ahorrar tiempo y desplazamientos”. La Cámara dice que “no es justificación suficiente” para una urgencia.

Gargantilla de Lozoya (358). Urbanizó la calle de la Acacia en un “procedimiento negociado sin publicidad”. Del presupuesto que tenía (79.692,06 euros) logró una rebaja de 142,06.

Horcajo de la Sierra (179). Quería señalizar su “sendas turísticas”. Tenía de presupuesto 60.482,53 euros. La empresa a la que se le adjudicó el trabajo se lo llevó por esa cantidad exacta.

Las Rozas (92.700). Necesitaba un plan para ordenar su parque empresarial Európolis. De las tres empresas invitadas, dos compartían órganos de administración y domicilio. La tercera había colaborado con ellas anteriormente.

Madarcos (47). Quería soterrar líneas en tres calles. Ofreció el trabajo a tres sociedades que presentaron un “importe idéntico”. Ganó una a la que el Ayuntamiento “adeudaba trabajos” anteriores.

Madrid (3,165 millones). La cabalgata de Reyes del Vicálvaro de 2015 fue encargada a una empresa que no acreditó “un volumen de negocio superior al importe del presupuesto de licitación”. El interventor lo denunció en su informe, pero nadie le hizo caso.

Móstoles (205.700). Quiso contratar el suministro energético de unos centros educativos. La Cámara no ha podido ver la documentación porque “obra en el juzgado”.

Navacerrada (2.800). Decidió urbanizar la calle de las Cruces. De las 10 propuestas, ocho “fueron idénticas”. El adjudicatario fue uno que ya lo había sido “en ejercicios anteriores” en otras calles.

Navalcarnero (26.600). Remodeló su plazuela del Mercado. Incluyó una escultura denominada Monumento al sereno. La Cámara dice que una escultura “no es mobiliario urbano”, por lo que la figura debía tener concurso a parte.

Pinto (47.600). Contrató “de urgencia” las fiestas patronales de agosto de 2014. Argumentó que “por un conjunto de actuaciones anteriores había sido imposible presentar con anterioridad el presente pliego”. Así eliminó trámites en el procedimiento, que era de 90.000 euros. Puso como condición que la adjudicataria tuviera una facturación de 3,5 millones. De las dos que se presentaron, solo una lo cumplía.

Torrelodones (22.900). Para asfaltar algunas calles llamó a 17 compañías. La Cámara lo aplaude, si bien “recomienda que en la medida de lo permitido no se invite a algunas empresas del mismo grupo empresarial, como sucedió”. No obstante, los auditores resaltan positivamente “por infrecuente” que hubiese un proceso de negociación y que se consiguieran rebajas.