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Puigdemont solo logra aprobar una de las 45 leyes de su plan de Gobierno

El Gobierno catalán ha remitido al Parlament 21 proyectos de ley para su aprobación

Un momento de una sesión del Parlament. Puigdemont, en primer plano.
Un momento de una sesión del Parlament. Puigdemont, en primer plano.

El Parlament solo aprobó cinco leyes en 2016, el primer año de gobierno de Junts pel Sí y de Carles Puigdemont. Es el segundo peor dato en cuanto a actividad legislativa de la década, solo empeorado por el ejercicio de 2013, entonces con un Gobierno presidido por Artur Mas. El actual Ejecutivo catalán ha desarrollado 21 proyectos de ley y cinco decretos ley, un ritmo que considera bueno si se tiene en cuenta que el presidente de la Generalitat se comprometió a aprobar 45 leyes durante el mandato previsto de 18 meses.

El año menos prolífico desde 2013

El Parlament aprobó en 2016 cinco leyes, cuatro más que en 2013 cuando la Cámara solo dio luz verde a la norma sobre transmisiones patrimoniales. Esos dos años fueron, con diferencia, los que arrojaron el balance legislativo más pírrico de la última década. Este es el número de normas aprobadas en los últimos 10 años: 16 (2006); 18 (2007); 18 (2008); 36 (2009); 35 (2010) —años del segundo Tripartito—; 11 (2010); 8 (2012) —primer Gobierno de Mas—; 1 (2013); 21 (2014); 25 (2015) —segundo Gobierno de Mas— y 5 con Puigdemont.

La más relevante de las leyes aprobadas por el Parlamento es la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda, con la que se intenta blindar la parte de la iniciativa legislativa popular previamente suspendida por el Tribunal Constitucional. El resto son el Plan Estadístico de Cataluña, la de prórroga del Plan Serra Húnter para la captación de talento académico internacional, la que crea nuevos impuestos y la modificación de ley de medidas fiscales de 2011.

Pero la gran noticia de la legislatura en curso fue la devolución, en junio, de la ley de Presupuestos al Gobierno, hecho que no contaba con precedentes en Cataluña. Ese episodio, que obligó a Puigdemont a jugarse su futuro en una cuestión de confianza de la que salió airoso, es el ejemplo más contundente de la inestabilidad que el grupo de Junts pel Sí ha tenido que capear en la Cámara catalana. La CUP le impidió entonces aprobar los Presupuestos. Aquel fracaso también le costó la caída de la Ley de Acompañamiento, de la que han salido tres de las cinco normas aprobadas desde septiembre pasado. El bloque independentista también ha aprobado las dos ponencias sobre la Agencia de Protección Social y la Hacienda catalana, dos de las tres leyes de desconexión.

La CUP, la supuesta muleta parlamentaria de la coalición del Partit Demòcrata y de ERC, han votado en más de un centenar de ocasiones en un sentido contrario al grupo parlamentario del Gobierno. A partir de la próxima semana, con los Presupuestos debatiéndose en comisión por departamentos, se verá si los anticapitalistas votan en contra de las partidas de Interior, Enseñanza y Sanidad. La formación aún no le ha garantizado que vaya a permitirle aprobar las Cuentas de este año, pese a las amenazas de Junts pel Sí de no convocar el referéndum.