Una banda admite que explotaba sexualmente a mujeres, entre ellas una menor
Los 10 acusados, todos ellos búlgaros, se enfrentan a penas de entre 19 y 42 años de cárcel
La Audiencia de Girona ha empezado a juzgar este lunes a 10 de integrantes de una banda de origen búlgaro que obligaba a jóvenes compatriotas, entre ellas al menos una menor de 17 años, a ejercer la prostitución en la carretera N-II a su paso por diferentes poblaciones. Los acusados, seis hombres y cuatro mujeres, han reconocido en la vista oral que las captaban en Bulgaria y las traían engañadas, que las explotaban sexualmente, les retenían la documentación, las trasladaban al punto de trabajo y les controlaban horarios de trabajo, ingresos y clientes. La fiscal acusa a once supuestos miembros de esta banda, uno de ellos está en búsqueda y captura.
La fiscal pide para el principal responsable del grupo 42 años de cárcel y una multa de 16.320 euros por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con finalidades sexuales, trata con agravante sobre menor de edad y prostitución coactiva. Otros acusados se enfrentan a 41, 39 y 20 años de prisión y a pagar multas de entre 10.500 y 19.000 euros y para el resto, que ejercían de controladores o conductores, pide 19 años y una multa de 5.280 euros.
A preguntas de la fiscal los 10 acusados han reconocido que, desde 2009 y hasta la desarticulación de la red en 2012, captaban víctimas engañándolas y las llevaban a prostituirse a la N-II en Vilademuls (Pla de l'Estany), Báscara y Pontós (Alt Empordà). Según la fiscal, los acusados captaban a jóvenes, que jamás habían estado en España, no hablaban el idioma, con escasa formación, con familia dependiente y desempleadas, en la región de Silistra (Bulgaria). A algunas les prometían falsas ofertas de trabajo en hostelería y a otras que se quedarían las ganancias obtenidas con el ejercicio voluntario de la prostitución, así como su asistencia y protección.
Por sus situaciones personales las víctimas aceptaban y tras ser trasladadas a pisos en Figueres, eran obligadas a pagar la “deuda” contraída por el viaje. Debían entregar sus ganancias durante meses. Eran trasladadas diariamente en vehículos a la N-II donde ejercían jornadas de 12 horas, con independencia de su estado de salud o del tiempo, bajo la estricta inspección de las “controladoras”, que vigilaban el tipo, número y duración de los servicios sexuales, así como sus movimientos y comunicaciones para que no intentaran escapar. Para tenerlas dominadas usaban la amenaza constante, la violencia física y psíquica, la vigilancia permanente, el trato vejatorio o incluso, la restricción de alimentos y bebidas. La Policía Nacional liberó a tres víctimas de la trama, una de ellas llegó al Alt Empordà en agosto de 2010, a los 17 años.
Al principio del juicio la fiscal ha anunciado que retirará la acusación por el delito de organización criminal, lo que supondrá una rebaja en la pena. El juicio seguirá este martes.
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