Colau lleva a la fiscalía cuatro desalojos de empresas que desahucian sin orden judicial

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado esta mañana un conjunto de actuaciones para combatir a las empresas que realizan desalojos extrajudiciales. El Consistorio asegura conocer al menos dos sociedades, entre las que se encuentra la conocida Desokupa, que se publicitan como empresas de seguridad o como intermediarios y cuyo fin es conseguir expulsar de un inmueble a sus inquilinos. “La estrategia de este tipo de empresas es enviar a personas corpulentas, con actitud amenazadora y tatuajes que en ningún momento median sino que intimidan, coaccionan, amenazan o directamente utilizan la fuerza y la violación de domicilio”, ha denunciado esta mañana el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens.

El Consistorio ha documentado, en el último año, siete intervenciones de este tipo de empresas gracias a los medios de comunicación, las actuaciones de la Guardia Urbana, los servicios sociales o testigos. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento ha estudiado los casos y finalmente "han trasladado a la Fiscalía cuatro de desalojos en los que creemos que estas empresas han incurrido claramente en un ilícito penal”, ha constatado Asens.

El teniente de alcalde ha anunciado también que se creará una unidad de la Guardia Urbana que se encargará de combatir el mobbing inmobiliario. “Esta unidad será formada en la materia y actuará en Ciutat Vella donde tendrá las herramientas para detectar este tipo de irregularidades”, ha anunciado. Además, el Consistorio ha puesto en marcha un protocolo interno para prevenir estos desalojos. Se coordinarán todas las áreas del consistorio. En cuanto se tenga conocimiento de que estas empresas estén actuando un técnico se desplazará al inmueble.

En caso de que se esté llevando a cabo un desalojo extrajudicial se denunciarán los hechos inmediatamente a los Mossos o a la Guardia Urbana. Si las empresas consiguen desalojar a los vecinos, se activarán los servicios sociales para realojarlos de forma urgente. Pasadas 24 horas se reunirá uha comisión de análisis para recoger toda la información de cada caso y se judicializarán las acciones si se considera que se ha cometido algún tipo de ilícito penal.

Asens ha manifestado que el Ayuntamiento pedido al Ministerio público que haya un fiscal especializado en delitos de coacción inmobiliaria. “En la época de Jordi Hereu se firmó un convenio con la Fiscalía para perseguir este tipo de conductas pero en el mandato de Trias no se renovó. Nosotros queremos un convenio similar”, ha concluido.