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Desahuciados y acusados

Una pareja de Guinea afronta una petición de más de dos años de cárcel por resistirse al desalojo de su casa

Jesús García Bueno

Lo que vivieron Verónica Loká y Eliseo Loyé fue algo más que un desahucio: fue, dicen, “casi un asedio”. Tras apartar uno a uno a los vecinos del barrio del Clot que habían acudido a apoyarles, los Mossos treparon con una escalera hasta el balcón de su vivienda. “En ese momento tuve miedo. Me di cuenta de que íbamos a perder la casa”, explica, cinco años después, Verónica. Aquel desahucio “violento y brutal” no puso fin a los problemas con la justicia de este matrimonio español originario de Guinea Ecuatorial. Desde este miércoles afrontan un juicio por haber arremetido, presuntamente, contra los policías. Ellos lo niegan. Mientras la Fiscalía les acusa de una falta contra el orden público y les pide que paguen una multa, la Generalitat solicita dos años y tres meses de cárcel.

El desahucio del Clot se produjo el 25 de julio de 2011, en un contexto de fuerte conflictividad social. Los Mossos habían desalojado de indignados la plaza de Catalunya de Barcelona y al frente del Departamento de Interior se hallaban Felip Puig y su política de mano dura. La crisis había disparado los lanzamientos por impago, aunque el caso de Verónica y Eliseo era muy distinto: tras 26 años pagando religiosamente el alquiler del piso, el propietario quiso triplicar la mensualidad. Les llevó a juicio y ganó

“Es una injusticia. No es el primer desahucio del mundo, pero sí el primero en el que a los desahuciados se nos pide cárcel”, proclama Eliseo, de 63 años y operario en el aeropuerto de El Prat. “La policía entró allí como si fuera una guerra”, dice el hombre, que niega haber agredido a los agentes. Lo mismo que su mujer, que sostiene que se limitó a “coger con fuerza la escalera” y que quedó allí como petrificada, hasta el punto de que los agentes, en el balcón, tuvieron que desenganchar sus dedos de la escalera.

Eliseo denuncia que, nada más acceder al balcón, uno de los agentes le propinó un puñetazo. Después le esposaron y le dejaron en una habitación mientras la comitiva judicial cumplía la orden. A Verónica aún le tiembla la voz cuando recuerda “todos esos policías paseando por un piso tan pequeño”. Y le duele sobre todo por el menor de sus tres hijos, que entonces tenía 12 años y estaba en casa. “El niño preguntaba: ‘señor, ¿nos puede dejar un día o dos para que recojamos nuestras cosas? Pero nadie le contestaba”.

No hubo tiempo. La familia tuvo que salir con lo puesto. Eliseo agarró la mochila del trabajo y Verónica cogió “una bolsa del Lidl” que había en la cocina y metió algo de ropa interior. “Perdimos las fotos. El álbum de fotos de la mili de él no lo tenemos”, rememora.

Ya en el portal de su piso, en la calle de Andrade, siguieron recibiendo el calor de los vecinos mientras veían cómo desmontaban su casa: ahora bajaban las camas, ahora la nevera. “Me preguntaban por qué no lloraba. Les dije que no podía llorar porque mis vecinos ya estaban llorando por mí”, dice Verónica, que recuerda aquella jornada como si fuera ayer: “Una vecina me trajo su carro para guardar todo el pescado y la carne que tenía en el congelador, y que iba a echarse a perder”.

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Esa solidaridad de barrio del Clot es lo único bueno que han sacado de aquella dolorosa experiencia. “La respuesta ha sido fantástica y, después de ver las imágenes del desahucio, incluso el alcalde Trias nos apoyó y nos ayudaron a buscar un piso”. Viven esa alegría con una mezcla de cierto sentimiento de culpa, ya que tres de los vecinos y activistas que acudieron a impedir el desahucio también se sientan en el banquillo. Y afrontan penas por parte de la Generalitat de hasta cinco años. Los vecinos volverán a estar hoy a su lado, en una concentración convocada con motivo del juicio frente a la Ciudad de la Justicia.

 

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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