Unos 300 ayuntamientos catalanes evitan celebrar el Día de la Constitución

Algunos han acudido a sus despachos municipales y otros han optado por trasladar su actividad al exterior de los consistorios. Pero cargos electos de unos 350 municipios catalanes, según una estimación de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han optado hoy por participar en la protesta contra la Carta Magna y no celebrar el Día de la Constitución, festividad en toda España, siguiendo la recomendación de la AMI. En ese despliegue se han sumado concejales secesionistas del Partit Demòcrata, Esquerra Republicana, la CUP y de Demòcrates de Catalunya, pero también de otras formaciones como Barcelona en Comú. Solo en unos pocos municipios gobernados por los anticapitalistas se ha permitido trabajar a funcionarios que así lo han demandada. Esa era justo la línea roja que había puesto el Gobierno para no judicializar el acto de protesta.

Ese ha sido el caso de Celrà, a cuyo Ayuntamiento han acudido a trabajar cuatro empleados públicos de los treinta funcionarios del Consistorio. Su alcalde, Dani Cornellà, ha dicho que no han acudido más por el "temor" ha ser expedientados después de lo ocurrido el pasado 12 de octubre en Badalona, cuando el Gobierno municipal decidió abrir las puertas pese al recurso presentado por la Delegación del Gobierno de Cataluña.

A ese municipio de Girona ha acudido Carme Forcadell, la presidenta del Parlament y la máxima autoridad catalana que se ha sumado hoy a la jornada reivindicativa. Ha participado en un acto que ha servido para sustituir el nombre de la plaza de la Constitución, que a partir de ahora reconocerá a la escritora Maria Mercè Marçal. Desde allí ha hecho una llamada a defender “las libertades individuales y colectivas”, mientras que solicitaba a los catalanes: “No cerremos los ojos nunca ante las injusticias sociales, ya sean personales, individuales o colectivas”.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha pedido “responsabilidad” a los cargos electos y ha recordado que los trabajadores públicos y los funcionarios “tienen derecho a un día de festa y saben que las instituciones, en un día como éste, no están abiertas de cara al público y no pueden ofrecer sus servicios habituales”.

Eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de ayuntamientos, pese a que miembros de sus plenes hayan decidido ser fieles a la campaña de la AMI. El de Vilanova i la Geltrú ha sido uno de los ayuntamientos en los que los cargos electos del PDECat, ERC y la CUP (tienen 15 de los 25 miembros del pleno) han decidido seguir a rajatabla sus recomendaciones: trabajo de los cargos electos (hasta las dos de la tarde), festivos para los funcionarios y en recepción la empleada de una contrata. No en vano la alcaldesa de la capital del Garraf es Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia. Según ha señalado, “es muy poco probable que haya funcionarios trabajando”.

Lloveras ha negado que la campaña de la AMI se pueda entender como "una provocación" y que se trata de "un acto totalmente legal", si bien ha evitado predecir qué consecuencias puede tener que en consistorios liderados por la CUP se haya permitido que trabajen funcionarios: "los caminos de la Delegación del Gobierno son imprevisibles".

Rubí (Barcelona) es prácticamente el único ayuntamiento que ha organizado un acto para conmemorar el día de la Constitución. La ciudad, gobernada por el PSC, ha organizado una lectura de varios artículos de la Carta Magna, en la que han participado concejales socialistas, del PP y de Ciudadanos. El acto ha sido más breve de lo previsto por los abucheos de grupos independentistas que se han acercado hasta el punto de la conmemoración y han quemado un ejemplar de la Constitución.

En el Ayuntamiento de Barcelona, dos ediles de ERC han acudido al Ayuntamiento a las once y media, así como los tres de la CUP. El número dos en el Gobierno municipal, Gerardo Pisarello, también ha estado trabajando durante la mañana dentro de las dependencias municipales.

En Badalona, cuatro de los cinco concejales del equipo de gobierno de Badalona en Comú han participado esta mañana en una reunión sobre participación ciudadana en el Ayuntamiento, que, sin embargo, ha mantenido las puertas cerradas. El delegado del Gobierno, Enric Millo, ya afirmó que las tareas de los actos electos no serán perseguidas porque son libres de trabajar siempre y cuando no coaccionen a los funcionarios. No es desde luego el caso de Badalona que mantenía las puertas cerradas tanto de su edificio histórico como el de El Viver. El quinto edil está fuera de Badalona.

La alcaldesa Dolors Sabater, que ha asistido a la reunión, ha subrayado que la estrategia de Millo supone una “desautorización” y una “rectificación” respecto a la actitud de la exdelegada Llanos De Luna que impulsó un contencioso-administrativo contra el Consistorio por haber llegado a un acuerdo con varios sindicatos para trabajar el 12 de Octubre, día de la Hispanidad. “De Luna y Albiol criminalizaron que los electos fueran a trabajar y ha quedado en evidencia una posición de ultraderecha”, ha señalado. Además del contencioso, cuatro de los ediles tienen una causa abierta por un delito de desobediencia por haber incumplido el auto del juez que les impedía abrir el Consistorio.

Sabater ha constatado que existen dos temas “tabús! Que se deberían de superar: no criminalizar el hecho que se trabaje un día festivo y cuestionar la Constitución, nacida, ha dicho bajo la vigilancia de la dictadura. José Téllez, otro de los ediles, que rasgó el auto de suspensión temporal, ha respetado la decisión de otros Consistorios gobernados por la CUP de abrir sus puertas pero ha señalado que el de Badalona es un Ayuntamiento grande y no se puede improvisar como en un pueblo pequeño. “El 12-O queríamos abrir de verdad y no de manera altruista. Queríamos cambiar un día festivo del de calendario. Se puede en un pueblo pequeño abrir de verdad. No de manera altruista”.