La detención de Berga, un anticipo de lo que viene

Por breve que fuera —unas pocas horas— la detención el viernes pasado de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, es un incidente de los que permiten el aprovechamiento político para los dos bandos confrontados y alimenta una espiral de acción-reacción que ambos consideran provechosa para sus fines. El partido de la alcaldesa, la CUP, lo utiliza como demostración práctica de que es factible la desobediencia como método para la ruptura con las instituciones del Estado español. Lo ven como un anticipo del gran momento de la desobediencia masiva, que por su magnitud no podría ser contenida. Por la otra parte, los políticos del PP tipo García Albiol aplauden lo que presentan como prueba de la firmeza de su partido y su gobierno ante los independentistas y sus intentos de desbordamiento político y legal.

A todos les sirve, además, para presentarse como los protagonistas del conflicto: unos como vanguardia, otros como muralla, y para presionar a quienes les critican desde sus respectivos flancos. Al PP le va de perlas para hacer oídos sordos a las continuas llamadas del PSC al diálogo y a emprender una reforma federal de la Constitución. Al PDECat le disgusta que le pongan en aprietos desde el bando independentista, pero al consejero de Interior, Jordi Jané, le permite presentar a su gobierno y su partido como garantes del cumplimiento de la legalidad, incluso cuando no les gusta: gentes de orden, al fin y al cabo.

Más todavía, a la CUP el incidente de Berga le permite distanciarse de Junts per Sí y reclamarse más consecuentemente rupturista a los ojos de quienes se han encandilado con la apuesta independentista. Le sirve para acusar al partido del presidente Carles Puigdemont de doblegarse a los requerimientos de la justicia española, algo que según ella demuestra la blandura de la derecha catalana nacionalista cuando llega la hora de la confrontación directa con las instituciones del Estado.

La transparencia del dirigente de la CUP, Benet Sallellas, cuando reprochó al consejero Jané la discreción de la policía en la conducción de la alcaldesa ante el juez es de agradecer: la CUP quería una detención con previo aviso para dar tiempo a convertirla en propaganda, con manifestantes de apoyo, concentración de líderes, cámaras de televisión, etcétera. Más o menos, lo que se llevó a cabo en la tarde del mismo día en Berga y otras ciudades, pero un poco más caliente. Un sector del movimiento independentista aspira a convertir las plazas de ciudades y pueblos donde es fuerte en “nuevos Tahrirs”, focos de la ruptura que no se apaguen hasta triunfar. Cualquier chispa puede provocar el incendio. Desde este punto de vista, el incidente de Berga ha sido una ocasión perdida, y de ahí la queja de Salellas.

Quiso el azar que el incidente coincidiera con la presentación del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, y se confirmara lo que era esperable. La vicepresidenta Sáez de Santamaría se encarga de la carpeta catalana, con lo que las especulaciones sobre un eventual reenfoque del conflicto dejan de tener mucho sentido. La debilidad parlamentaria del nuevo Gobierno, sin embargo, le obligan a sustituir el ordeno y mando con que actuó durante la pasada legislatura por el diálogo constante con otras fuerzas políticas. Y al convertirse el diálogo en el instrumento necesario para abordar todos los problemas políticos, debería valer también para el conflicto catalán. Lo contrario sería una contradicción inasumible para al menos alguno de los partidos con los que Rajoy deberá entenderse.

La introducción de esta variante puede incidir en el curso de los acontecimientos en Cataluña. La tensión está garantizada, pues los meses van pasando y el momento para el “referéndum sí o sí” se acerca inexorablemente. Por si esto no bastara, la nómina de dirigentes independentistas que están en manos de los jueces es relevante, y la agenda judicial ofrecerá ocasiones de sobra para la movilización de sus partidarios: Artur Mas, el lanzador del proceso; Francesc Homs, su mano derecha; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; las ex consejeras Rigau y Ortega; más las autoridades locales que, como la alcaldesa de Berga, protagonizan la guerrilla de las banderas esteladas. Hay 400 ayuntamientos apuntados a la marea independentista.

En la hoja de ruta independentista hay un momento previsiblemente explosivo: la aprobación y puesta marcha del paquete de leyes que prepara para la transición de la legalidad española por una legalidad catalana. Es cosa de medio año, más o menos. Si se llega a ese momento, será porque el conflicto catalán habrá quedado fuera de la política de diálogo y negociación anunciada por Rajoy.