El exalcalde de Navalcarnero actuó “en claro fraude de ley”
La juez considera que Baltasar Santos debe responder civilmente de parte de los 10,5 millones de euros invertidos en un polideportivo municipal sin concluir y con sobrecostes
El estado de abandono del polideportivo La Estación refleja, según la juez Ana García González, cómo el alcalde del PP se saltó “los procedimientos y normas legalmente establecidas de forma consciente y voluntaria, evidente, patente y flagrante, en claro fraude de ley”, según el auto judicial, del 19 de agosto y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La juez ha dado traslado a fiscalía y a las partes para que en un plazo de 10 días calificasen el delito, formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral. La investigación se abrió a raíz de una denuncia del PSOE, que gobierna desde las elecciones municipales de mediados de 2015, y del Partido Democrático Popular (posteriormente retiró la denuncia). Las obras del complejo, adjudicado mediante concurso a Constructora Hispánica SA en 2006 por 14.837.273 euros y una duración estimada de 18 meses, se interrumpieron dos años más tarde. El complejo, de 6.000 metros cuadrados construidos, está desde entonces abandonado. Su esqueleto de hormigón resume la gestión de Santos, que dejó una deuda municipal superior a los 220 millones.
Santos recurrió durante la construcción del polideportivo “al dictado de decretos” y otras resoluciones, “ordenando pagos, afrontando obras con total vulneración de la normativa establecida” y “eludiendo todo procedimiento legal de licitación y adjudicación”, recoge el escrito judicial.
El exalcalde del PP también adoptó “decisiones unilaterales sin sometimiento previo al Pleno [del Ayuntamiento], atentando con ello contra el normal funcionamiento de la Administración Pública y la confianza que en ella tienen depositada sus ciudadanos”. Los peritos de Asserta Estudios Técnicos, a los que se encargó analizar el estado de los trabajos verificando el total de la obra certificada en comparación con la obra realmente ejecutada, concluyeron que podía existir obra certificada y no ejecutada “cercana a los tres millones de euros”.
El polideportivo contaría con una piscina olímpica, tres piscinas de recreo, vestíbulos, aseos, médico, gimnasio, pista de footing, graderío, almacenes y “salas multifuncionales”. El Ayuntamiento se responsabilizaría del 80% de la financiación y la concesionaria el 20% restante. El Consistorio aportaría en concepto de subvención 342.000 euros anuales por explotación de las instalaciones deportivas y otros 97.325 euros por el mantenimiento, conservación y limpieza del complejo, cantidades revisadas anualmente conforme al IPC durante el periodo de concesión, de 38 años.
La obra se inició en junio de 2006. Hasta marzo de 2008, se emitieron 21 certificaciones por un importe de 11.411.659,50 euros 13.237.525,04 euros con el 16% de IVA). El gobierno municipal de Santos aprobó en noviembre de 2010 un modificado por valor de 1.186.723 euros más IVA en favor de Assignia Infraestructuras, la sociedad que compró Constructora Hispánica. De esta forma, el anterior contrato fue modificado. “El Ayuntamiento, a través de su alcalde, adjudicó una obra a la empresa que aparentemente le ofrecía las condiciones más ventajosas, para posteriormente en forma de proyecto modificado o, incluso, sin aprobación de este, ejecutar y abonar la real obra ejecutada y su verdadero importe en claro fraude de ley”, recalca el auto judicial.
La interventora municipal Teresa de Jesús Hermida, otra de las investigadas en la causa, no cumplió, según la magistrada de Navalcarnero, “su función como órgano responsable del control y de la fiscalización interna de la gestión económico financiera del Consistorio”. Los otros imputados, el técnico municipal Juan Antonio Martín y el director de obra Martín de la Fuente, “cooperaron necesariamente (...) toda vez que dentro de sus funciones se encuentra la de comprobar que las construcciones a su cargo se ejecuten de acuerdo a los planos y documentos aprobados con las licencias y permisos necesarios”. Sus firmas en los certificados de obra eran necesarias para hacer efectivos los pagos, “permitiendo con ellas que la obra siguiera adelante”. Ninguno de los dos advirtió de la divergencia entre lo ejecutado y el proyecto inicialmente aprobado.
Visitas “todos los lunes”
Santos declaró en el juzgado “desconocer que la obra estuviese parada desde 2008, no habiéndose instado ninguna modificación del proyecto inicial”. Sin embargo, el técnico municipal afirmó en sede judicial que el exalcalde “visitaba todos los lunes la obra”.
El exalcalde del PP también está investigado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la construcción sin permisos ni estudios previos de unas cuevas ilegales con más de dos kilómetros de extensión a las que otorgaba una antigüedad de 350 años y costaron 30 millones de euros. El fontanero municipal dirigió las obras entre 2004 y 2015, cuando Santos perdió la alcaldía.
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