Gobernación rechaza la fórmula de Colau para limitar los alquileres

La ley exprés contra los desahucios que está preparando la Generalitat y que reemplazará la norma recurrida por el PP no limitará los alquileres abusivos tal y como lo había propuesto el Ayuntamiento de Barcelona. El Departamento de Gobernación no cierra el debate sobre la puesta en marcha de algún tipo de control pero descarta por ahora recurrir a la fórmula diseñada por el equipo de Ada Colau.

Hace meses que desde el Consistorio se viene denunciando el alto precio de los alquileres como uno de los grandes responsables de los problemas de acceso a la vivienda en Barcelona. Algunos estudios incluso ubican el coste del metro cuadrado de alquiler en 15,3 euros. El pasado julio, tras la segunda cumbre entre partidos, alcaldes y entidades sociales para paliar los efectos de la suspensión cautelar de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), el presidente de la Generalitat se abrió a estudiar la posibilidad de encontrar un mecanismo de control a las rentas abusivas.

El equipo de Colau aprovechó entonces el periodo de alegaciones del nuevo texto para intentar incluir una fórmula de control. El Ayuntamiento propuso una modificación de la Ley de Vivienda de 2007, con la que se pretendía no actuar de una manera general en el mercado sino en los inmuebles de grandes tenedores, como bancos o fondos de inversión, provenientes de ejecuciones hipotecarias.

La medida, pedían desde el Consistorio, se aplicaría a las viviendas inscritas en el registro de pisos vacíos, las “susceptibles de serlo” y aquellas que están habitadas aunque no exista un “título habilitante”, y que, además, tengan un canon que implique al arrendatario un esfuerzo económico superior al 20% de los ingresos medios del municipio donde está el inmueble.

Fuentes de Gobernación explican que el grupo de trabajo de la nueva ley —en el que está la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)— no aceptó la propuesta de Colau porque consideró que “excedía el encargo de la cumbre, que era sustituir los puntos suspendidos por el TC”. Desde el Consistorio creen que se trata de un tema que “debería haber sido tenido en cuenta en una ley que tiene un espíritu de urgencia”.

El control de las rentas abusivas, sin embargo, es uno de los puntos que se estudiarán dentro de la ley catalana de arrendamientos urbanos que quiere promover la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs. La semana pasada comenzaron las sesiones de trabajo con un grupo de expertos, coordinada por la cátedra de vivienda de la Universidad Rovira i Virgili y donde están, entre otros, la PAH, el Consistorio barcelonés y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña. La competencia para realizar un control del precio de los alquileres es estatal.